El salario docente universitario perdió el equivalente a siete meses de ingresos durante el gobierno de Milei

Los sueldos quedaron muy por detrás de la inflación y acumulan una pérdida de hasta el 36,5% del poder adquisitivo. El ajuste salarial fue uno de los ejes del conflicto universitario y del reclamo por una ley de financiamiento que terminó vetada por el Ejecutivo.

La crisis salarial de los docentes universitarios se consolidó como uno de los principales focos del conflicto educativo desde la asunción de Javier Milei. En un contexto atravesado por el ajuste fiscal, el recorte del gasto público y el desfinanciamiento de las universidades nacionales, los ingresos del sector sufrieron un deterioro acelerado, muy por encima de cualquier recomposición, con un fuerte impacto en el funcionamiento cotidiano del sistema universitario.

Durante los dos primeros años de gestión libertaria, la pérdida salarial fue sostenida. Según un relevamiento realizado por el profesor universitario Germán Saller, basado en los recibos de sueldo de un cargo testigo de Profesor Adjunto con 30 años de antigüedad, en 2025 los salarios docentes perdieron un 12,7% frente a la inflación. Esa caída se suma a la registrada en 2024, cuando el retroceso fue del 9,9%, profundizando una tendencia de empobrecimiento sin señales de recuperación en el corto plazo.

El ajuste sobre los haberes docentes no se dio de manera aislada, sino que se convirtió en uno de los principales motores del reclamo por una Ley de Financiamiento Universitario. Impulsada por los sindicatos del sector y respaldada por masivas movilizaciones de estudiantes, docentes y no docentes, la iniciativa fue aprobada por el Congreso en septiembre de 2024. La norma preveía una actualización bimestral de los gastos de funcionamiento y una recomposición salarial retroactiva a enero de ese año, atada a la inflación. Sin embargo, el presidente Milei vetó la ley en su totalidad, al considerar que atentaba contra el objetivo de alcanzar el “déficit cero”.

Como consecuencia de esta política, al mes de diciembre de 2025 los salarios universitarios acumulaban una pérdida del 33,4% de su poder adquisitivo en comparación con noviembre de 2023, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor del Indec. Si se utiliza el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que refleja con mayor precisión la estructura actual de gastos de los hogares, la caída asciende al 36,5%, de acuerdo al informe elaborado por Saller.

Las cifras coinciden con las estimaciones difundidas por los principales gremios del sector —CONADU, CONADU Histórica y FEDUN—, que calculan una pérdida real de entre el 35% y el 40% desde el inicio del actual gobierno.

El impacto del ajuste se vuelve aún más contundente al traducirlo en términos concretos: si los docentes universitarios hubieran intentado sostener el mismo nivel de vida que tenían en noviembre de 2023, sus ingresos solo les habrían alcanzado hasta mayo de 2025. En términos reales, el recorte salarial equivale a haber trabajado siete meses sin percibir ingresos.

Según el análisis de Saller, para recomponer el poder adquisitivo vigente a fines de 2023 sería necesaria una suba salarial de entre el 50% y el 58%, dependiendo del índice inflacionario que se tome como referencia. Un escenario que, bajo la actual orientación económica del Gobierno nacional, aparece cada vez más lejano y vuelve a colocar al financiamiento universitario en el centro del debate público sobre las deudas sociales acumuladas durante la gestión de Javier Milei.