Piden prisión preventiva para los imputados por abusos en el Senado bonaerense

El pedido quedó ahora en manos del juez de Garantías interviniente, quien deberá analizar la solicitud de la fiscalía y resolver en los próximos días si hace lugar a la medida.

Audiencia clave en La Plata y plazos judiciales

Este viernes, a partir de las 12 del mediodía, se desarrollará una audiencia en el fuero Penal de La Plata, convocada a pedido de la defensa. En ese ámbito, los acusados podrán presentar su descargo ante el bloque acusatorio y el magistrado garante.

Una vez concluida la audiencia, comenzará a correr el plazo legal para que el juez defina la situación procesal de los imputados. Según se informó, la resolución sobre la prisión preventiva podría conocerse antes del 2 de febrero.

Acusaciones y gravedad institucional

En su presentación, la fiscal Lacki remarcó la gravedad de los hechos investigados y señaló presuntas responsabilidades vinculadas al uso indebido de espacios institucionales. En ese sentido, sostuvo que uno de los acusados habría incumplido su deber de protección, utilizando su rol y autoridad para captar y someter a víctimas con fines sexuales, en conjunto con su pareja.

Los imputados son Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados de planta permanente del Senado bonaerense.

Pedido de cambio de juzgado y requerimientos a la Provincia

Además de solicitar la prisión preventiva, la fiscalía pidió la declinatoria de competencia del Juzgado de Garantías N° 4 en favor del Juzgado de Garantías N° 3, al considerar que este último intervino primero en la causa.

También se requirieron explicaciones a la ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia, Estela Díaz, luego de que manifestara públicamente que tenía conocimiento previo de los casos denunciados.

La investigación por abusos en el Senado bonaerense

El expediente judicial tiene antecedentes que se remontan a más de una década. La primera denuncia fue radicada en 2014 por una joven militante. A ese caso se sumaron nuevas denuncias en 2019 y otros episodios incorporados en 2025.

En total, serían al menos cinco las víctimas, aunque no todas continuaron con el proceso judicial, en muchos casos por temor o por las consecuencias personales que implica una causa de esta magnitud. Por razones legales, sus identidades permanecen bajo estricta reserva.

Un patrón de captación y sometimiento

La hipótesis que sostiene la fiscalía describe un modus operandi reiterado. Según la acusación, las denunciantes habrían sido contactadas a través de espacios de militancia política, con promesas de acompañamiento, contención y posibilidades laborales dentro del Estado.

Una vez establecida la relación de confianza, algunas víctimas habrían accedido a empleos en el Senado bonaerense u otras dependencias públicas. Sin embargo, esos puestos implicaban exigencias económicas, como la entrega de una parte significativa del salario bajo el argumento de financiar actividades militantes.

Los perfiles de los acusados

En el caso de Rodríguez, su nombre aparece mencionado con especial relevancia en la causa. Fue docente en el colegio secundario del club Estudiantes de La Plata, ámbito donde, según el expediente, habría captado a una de las víctimas.

Silva Muñoz, por su parte, además de su cargo legislativo, integra la Secretaría de Género de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional provincia de Buenos Aires, un rol que la Justicia analiza por el contraste con las denuncias en su contra.

Denuncias que no avanzaban y nuevas líneas de investigación

Las víctimas relataron que, tras denunciar los abusos, durante meses creyeron que la causa avanzaba. Según sus testimonios, distintas personas les aseguraban que existían presentaciones judiciales, pedidos de protección y reuniones con la fiscalía.

Sin embargo, al concurrir personalmente a la sede judicial, comprobaron que no había actuaciones registradas y que las denuncias ni siquiera habían sido formalmente ingresadas. Esa situación derivó en nuevas líneas de investigación para determinar el rol de presuntos intermediarios.

“La Orden de la Luz” y la sospecha de una estructura sectaria

Uno de los puntos más sensibles del expediente es la presunta existencia de una organización denominada “La Orden de la Luz”, a la que las jóvenes habrían sido invitadas —o presionadas— a sumarse una vez integradas al entorno político.

Según la investigación, el grupo operaba con dinámicas que la fiscalía analiza bajo la hipótesis de una estructura sectaria. Las comunicaciones internas se realizaban a través de una cuenta de correo electrónico, con mensajes redactados en un lenguaje codificado y encriptado.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que ese tipo de intercambio llamó la atención de los investigadores, ya que presenta similitudes con métodos utilizados por organizaciones criminales.

Una causa que va más allá del abuso sexual

La Justicia analiza no solo los presuntos delitos sexuales, sino también la posible existencia de una red organizada que habría utilizado la militancia política, cargos públicos y promesas laborales como mecanismos de captación y control.

En ese contexto, el rol gremial de Silva Muñoz también es objeto de análisis. Para los investigadores, su posición pudo haber funcionado como un factor de legitimación y poder simbólico frente a mujeres en situación de vulnerabilidad.