Escándalo: en medio de la crisis de IOMA, autorizan 240 millones para un ascensor privado

La crisis que atraviesa el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, vuelve a quedar en el centro de la polémica. Mientras hospitales y prestadores denuncian deudas millonarias y afiliados enfrentan dificultades para acceder a tratamientos, una decisión administrativa de su presidente, Homero Giles, generó fuertes cuestionamientos: la autorización de una licitación por más de 240 millones de pesos para poner en valor los ascensores del organismo, incluyendo uno de uso privado.

IOMA, que brinda cobertura a más de 2,5 millones de afiliados, arrastra desde hace años una crisis que impacta de lleno en la atención médica. Prestadores que suspenden servicios, hospitales que reclaman pagos atrasados y tratamientos en riesgo forman parte de un escenario que, según denuncian distintos sectores, se fue profundizando con el paso del tiempo.

Según informó el portal RealPolitik, desde que Giles asumió la conducción del organismo, las críticas de médicos, legisladores y prestadores no dejaron de acumularse. Entre los principales reclamos aparecen los retrasos en los pagos y los bajos valores que reconoce la obra social por las prestaciones médicas.

La situación queda en evidencia al analizar algunos números. Por ejemplo, una cirugía de apéndice que para un hospital tiene un costo cercano a los 402 mil pesos es reconocida por IOMA con apenas 109 mil, y además con demoras que pueden extenderse entre siete y ocho meses. Algo similar ocurre con una cirugía traumatológica: el gasto ronda los 413 mil pesos, pero la obra social paga unos 145 mil.

En estudios más simples la brecha también es marcada. Una placa de tórax, cuyo costo real ronda los 4.600 pesos, recibe una cobertura cercana a los 668 pesos. Para muchos prestadores, esta ecuación se volvió insostenible y obliga a sostener la atención con recursos propios o directamente suspender servicios.

Las consecuencias ya se reflejan en distintos puntos de la provincia. En Tandil, por ejemplo, la agremiación médica decidió suspender nuevamente la atención a afiliados de IOMA debido a la falta de pago a la entidad intermediaria que administra los fondos. La medida dejó a cientos de pacientes sin su cobertura habitual.

El conflicto también impacta en la región capital. En La Plata y Ensenada, el instituto avanzó con un preaviso de corte del convenio con la Agremiación Médica Platense, una decisión que podría afectar la atención de más de 300 mil afiliados si no se logra una solución.

Otro de los focos más preocupantes está en el sistema de diálisis. Según entidades del sector, más de 4.600 pacientes dependen de un esquema que atraviesa una situación crítica. La deuda acumulada del Estado provincial y del IOMA con los centros de diálisis supera los 20.000 millones de pesos, mientras que el valor del módulo de hemodiálisis permanece congelado desde julio de 2024 pese al aumento de costos.

Desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales aseguran haber enviado durante meses pedidos de reunión al gobernador Axel Kicillof, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al propio Giles, sin obtener respuestas.

En medio de ese contexto sanitario y financiero, la decisión de avanzar con la licitación número 317-0481-LPR26 para la puesta en valor de los ascensores del organismo volvió a encender la polémica. El presupuesto oficial previsto para esa contratación asciende a 240.864.000 pesos e incluye la refacción de un ascensor de uso privado.

El contraste entre ese gasto y la situación que atraviesan prestadores y pacientes generó cuestionamientos desde distintos sectores. Mientras hospitales reclaman pagos atrasados y médicos suspenden prestaciones, la obra social más grande de la provincia vuelve a quedar bajo la lupa por la forma en que administra sus recursos.