UPCN bonaerense en la mira: denuncias apuntan a presuntos manejos irregulares en su tesorería

En medio de crecientes cuestionamientos, la seccional bonaerense de la UPCN vuelve a quedar bajo la lupa por presuntos manejos irregulares dentro de su estructura financiera. Distintas versiones que circulan en ámbitos gremiales y políticos sugieren la existencia de circuitos poco transparentes vinculados a servicios tercerizados y contrataciones internas.

Según trascendió, uno de los focos de atención estaría puesto en la figura de Héctor Nieves, histórico referente dentro de la tesorería del gremio, quien habría mantenido vínculos con distintas áreas administrativas de organismos públicos. De acuerdo a estas versiones, dichos contactos podrían haber facilitado mecanismos de recaudación paralelos, aunque por el momento no existen confirmaciones oficiales al respecto.

En ese contexto, también se mencionan supuestas maniobras vinculadas a la utilización de comercios como “pantalla” para canalizar operaciones, una práctica que, de comprobarse, podría configurar irregularidades de carácter administrativo o incluso judicial. Sin embargo, estas afirmaciones se basan en testimonios no verificados y deberán ser corroboradas por las autoridades competentes.

Otro de los puntos señalados involucra a Atilio Alberto Meza, quien habría tenido participación en estructuras políticas del peronismo bonaerense y antecedentes en la ex Secretaría de Inteligencia del Estado durante el gobierno de Carlos Menem. Según versiones difundidas, Meza estaría vinculado a la facturación de servicios hacia el gremio mediante una cooperativa, aunque no está claro el alcance real de dichas prestaciones.

En particular, se menciona que una cooperativa denominada “Logicoop” habría facturado cifras millonarias por servicios logísticos, los cuales, según algunos afiliados consultados informalmente, no tendrían la demanda suficiente para justificar esos montos. Asimismo, también se habla de contratos adicionales relacionados con el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones digitales, cuya implementación efectiva no estaría del todo clara.

Pese a la gravedad de las acusaciones, hasta el momento no se han presentado denuncias judiciales formales que confirmen estas irregularidades, ni hubo pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades del gremio. En ese marco, distintas fuentes coinciden en que será clave el avance de eventuales investigaciones para determinar si existieron o no maniobras indebidas.

Mientras tanto, el tema comienza a generar inquietud entre afiliados y sectores internos, que reclaman mayor transparencia en el manejo de los recursos y una rendición de cuentas más detallada sobre los servicios contratados por la organización.