Lo echaron de Gimnasia, se hizo de River y ahora quiere sacar al Chiqui Tapia de la AFA

Ricardo Callabá es un abogado platense que se hizo conocido hace casi diez años, cuando un video suyo se viralizó en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. En ese momento era socio e hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata, pero sus declaraciones ofensivas —entre ellas proponer “poner una bomba nuclear” en el Bosque y sugerir una fusión con Estudiantes— generaron un fuerte repudio y terminaron con su expulsión del padrón de socios por decisión de asamblea.

Con el tiempo, Callabá se distanció completamente de Gimnasia y desde 2021 se reconoce públicamente como hincha de River Plate. Su figura volvió a viralizarse hace pocos días, cuando fue grabado en las afueras del Más Monumental participando de un juego en el que ordenó a los cinco equipos más grandes del país y ubicó a Estudiantes en el quinto lugar. La escena reactivó el rechazo entre los hinchas triperos y recordó sus viejas polémicas.

El nuevo episodio: un escrito jurídico para remover a Chiqui Tapia

En medio de un clima de creciente tensión política e institucional en la Asociación del Fútbol Argentino, Callabá reapareció con un rol inesperado: publicó en Facebook un extenso análisis jurídico en el que sostiene que es posible remover judicialmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a toda la conducción de la AFA.

El texto —que circuló con fuerza entre dirigentes, grupos de WhatsApp y redes sociales— argumenta, con citas del Código Civil y Comercial, que la AFA es una asociación civil sin fines de lucro. En consecuencia, el Poder Ejecutivo no puede intervenirla, pero la Justicia sí, en casos de violaciones estatutarias, mala administración, abusos de poder o funcionamiento institucional anormal.

Callabá menciona posibles causales como:

Mala administración y decisiones contrarias al estatuto (formato de torneos, suspensión de descensos, manejo arbitral).

Abusos de autoridad, presiones o amenazas internas, incluyendo la denuncia contra Pablo Toviggino por supuestas intimidaciones a Estudiantes.

Fraude o administración antieconómica, con perjuicio a clubes o favoritismos institucionales.

Parálisis institucional o decisiones sin quórum.

También aborda el debate sobre una posible sanción de FIFA. Según su análisis, una intervención judicial basada en el CCyC no constituiría “injerencia gubernamental”, siempre que se notifique al organismo internacional y se invite a designar veedores, como ocurrió en 2016.

El abogado incluso detalla un “checklist” de pruebas necesarias: actas irregulares, auditorías económicas, testimonios, causas penales y evidencia de abuso o daño institucional. Sin esa acreditación, afirma, no basta con injusticias deportivas aisladas.

Su publicación aparece en medio de un clima futbolero cargado, con arbitrajes cuestionados, decisiones polémicas y un malestar creciente en clubes y en la opinión pública. El reciente “pasillo de espaldas” del plantel de Estudiantes, convertido en símbolo de protesta, intensificó aún más el contexto.

Callabá concluye que un juez civil podría intervenir la AFA con validez legal, sin que FIFA pueda objetarlo, siempre que se demuestren las causales previstas por la legislación argentina. Su planteo, más allá de su eventual aplicación, instala una discusión que dejó de ser meramente futbolera y se volvió jurídica, política e institucional.