Denuncia penal reclama la intervención urgente del IOMA por presunto abandono de personas

Una denuncia penal federal de altísima gravedad ingresó en las últimas horas a la Justicia y encendió todas las alarmas sobre la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La presentación solicita la apertura inmediata de una investigación judicial y el dictado de medidas cautelares urgentes, entre ellas la intervención judicial del organismo, por hechos que podrían encuadrar en el delito de abandono de personas enfermas, previsto en el artículo 106 del Código Penal.

Según informó RealPolitik, El escrito fue presentado por el ciudadano Daniel Sarwer y describe un escenario de colapso sanitario estructural en la principal obra social de la provincia de Buenos Aires, con un riesgo cierto e inminente para la vida y la salud de miles de afiliados. La denuncia apunta a posibles responsabilidades funcionales tanto actuales como pasadas dentro del Estado provincial.

Un sistema al borde del colapso

Según se detalla, el IOMA atraviesa una crisis profunda y sostenida en la prestación de servicios médicos. La denuncia enumera la falta total o parcial de atención, la suspensión de tratamientos oncológicos y de enfermedades crónicas, la interrupción en la entrega de medicamentos esenciales —como insulina y fármacos cardiovasculares— y la cancelación de cirugías, estudios y prácticas médicas por deudas acumuladas con prestadores.

Como ejemplo concreto, se menciona que en La Plata la Agremiación Médica Platense suspendió en las últimas horas la atención a afiliados del IOMA debido a la falta de pago a los profesionales, medida que continuará vigente hasta que se regularicen las liquidaciones adeudadas.

El planteo sostiene que no se trata de episodios aislados, sino de un funcionamiento deficiente y generalizado que habría dejado a personas enfermas en situación de desamparo sanitario, con consecuencias graves como el agravamiento de patologías, discapacidades evitables e incluso muertes que podrían haberse prevenido.

El encuadre penal

Desde el plano jurídico, la denuncia encuadra preliminarmente los hechos en el delito de abandono de personas. Se argumenta que el gobierno provincial, a través del IOMA y sus autoridades, tiene un deber legal indelegable de garantizar el acceso efectivo a prestaciones médicas esenciales. La omisión prolongada, con conocimiento del colapso y sin la adopción de medidas eficaces, podría configurar —de comprobarse— una conducta penalmente relevante, agravada por su carácter reiterado y actual.

Funcionarios bajo la lupa

Si bien la presentación no formula imputaciones penales directas, solicita que se investigue la eventual responsabilidad por acción u omisión de autoridades actuales, entre ellas el gobernador Axel Kicillof, el titular del IOMA, Homero Giles, y funcionarios del Ministerio de Salud bonaerense. El foco está puesto en decisiones administrativas, fallas de control, desfinanciamiento operativo y tolerancia del deterioro prestacional, con impacto directo sobre derechos fundamentales.

Además, se pide reconstruir la cadena histórica de responsabilidades, al considerar que la crisis del IOMA es estructural y de larga data. En ese marco, se menciona, a fines exclusivamente investigativos, el antecedente del escándalo vinculado a la empresa Osteolife durante gestiones anteriores, con el objetivo de determinar posibles orígenes del daño y omisiones relevantes.

Pedido de intervención judicial

Uno de los puntos más sensibles del escrito es la solicitud de una intervención judicial inmediata del IOMA. La denuncia propone la designación de un interventor con facultades plenas para garantizar de manera urgente las prestaciones médicas, regularizar pagos críticos a prestadores, asegurar la provisión de medicación vital y auditar contratos, intermediaciones y flujos financieros.

También se reclama la administración cautelar de fondos y el secuestro de documentación, ante el riesgo de pérdida o destrucción de pruebas relevantes para la investigación.

Gravedad institucional

El planteo advierte que la situación podría derivar, de corresponder, en una intervención del Estado nacional frente a la incapacidad prolongada de la provincia para garantizar el derecho constitucional a la salud, configurando un caso de gravedad institucional que excede el ámbito local. Para respaldar esta postura, se citan precedentes de la Corte Suprema que reconocen un deber reforzado del Estado ante situaciones de riesgo vital y habilitan medidas excepcionales para evitar daños irreparables.

Finalmente, el denunciante deja constancia de que la demora u omisión en resolver podría comprometer la responsabilidad funcional del magistrado interviniente, dada la urgencia del caso.

La causa se perfila así como un expediente testigo, con fuerte impacto judicial, político y sanitario, que pone bajo escrutinio no solo la gestión actual del IOMA, sino el modelo estructural de administración de la salud pública en la provincia de Buenos Aires.