El titular de la firma Secutrans
Denuncian a "Chiqui" Tapia en La Plata por presunto abuso de autoridad
3 de Febrero de 2026
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue denunciado penalmente en la ciudad de La Plata por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada por el empresario Leandro Camani, titular de la firma Secutrans y vinculado al sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
La acusación no está relacionada con la conducción del fútbol argentino sino con el rol de Tapia como titular de la CEAMSE. Según la denuncia, Tapia habría ordenado de manera irregular la interrupción del suministro eléctrico de los radares de control de velocidad ubicados sobre el Camino del Buen Ayre, sin que existiera un acto administrativo previo y fuera de la competencia legal del organismo que preside.
El expediente quedó radicado en la fiscalía platense a cargo de Álvaro Garganta y, por el momento, solo registra el ingreso formal de la denuncia. En el ámbito judicial interpretan la presentación como una respuesta directa a la denuncia que Tapia impulsó el pasado 27 de enero en San Isidro, donde acusó a Camani y a dirigentes de la Coalición Cívica de haber montado una maniobra de extorsión en su contra.
Un conflicto cruzado por las fotomultas
De acuerdo a esa causa, patrocinada por el abogado Gregorio Dalbón, el enfrentamiento entre Tapia y Camani se originó luego de que el titular de la AFA se negara a ampliar la participación de Secutrans dentro del sistema de fotomultas. A partir de esa negativa —según sostiene Tapia— comenzaron las denuncias públicas y judiciales en su contra.
La denuncia presentada por Camani quedó radicada en la misma fiscalía donde se investiga la denominada megacausa de las fotomultas, aunque desde el fuero penal aclararon que ambos expedientes se tramitarán de manera independiente.
En cuanto al presunto enriquecimiento ilícito, el escrito no aporta pruebas concretas y se limita a señalar un crecimiento patrimonial que califica como “exorbitante”, punto que deberá ser evaluado por la Justicia si la causa avanza.
