Salta: imputaron a 15 personas por una presunta red que falsificaba certificados para obtener pensiones por discapacidad

La Justicia Federal de Salta imputó a 15 personas, entre ellas diez funcionarios y exfuncionarios públicos, por su presunta participación en una organización dedicada a falsificar certificados médicos y documentación con el objetivo de obtener pensiones no contributivas por discapacidad de manera irregular.

La investigación se concentra principalmente en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González, en el departamento de Anta. Según la hipótesis de la Fiscalía, el supuesto esquema comenzaba con la captación de personas interesadas en acceder al beneficio y continuaba con la confección de certificados médicos falsos, la adulteración de estudios y la incorporación de diagnósticos de enfermedades que los solicitantes no padecían.

La acusación fue formalizada por el fiscal general de la Unidad Fiscal Salta, Carlos Martín Amad, ante el juez federal de Garantías N° 2, Diego Anzorreguy. El magistrado otorgó un plazo de un año para profundizar la investigación y dispuso, por el mismo período, la anotación de litis sobre bienes de los imputados.

Entre los acusados se encuentran los médicos José B., Humberto B., Julio O., Luis V., César Ramiro Blanco, José Wilson Muñoz Torres, Roberto Bernardino Morales y Francisco Gerardo Orellana, además de Oscar Luna, exgerente del hospital de El Quebrachal. Orellana es actualmente diputado provincial por Anta.

También fueron imputados Edmundo Dante Salazar, exjefe de la sucursal de ANSES de El Quebrachal; el bioquímico Luciano Benjamín Esteban; los empleados municipales Manuel Rolando Córdoba, Estela Mary Romano y Luis Casares; y un kiosquero identificado como Hugo M.

De acuerdo con la acusación, los involucrados habrían cumplido distintos roles dentro del presunto mecanismo. La Fiscalía les atribuyó, según el grado de participación que habría tenido cada uno, los delitos de asociación ilícita, fraude en perjuicio del Estado Nacional, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Allanamientos y documentación secuestrada

La investigación comenzó en julio de 2024 y avanzó a partir de 26 allanamientos realizados en domicilios particulares, consultorios, hospitales, clínicas privadas y dependencias municipales.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, documentación y listados de personas que presuntamente habían pagado dinero para tramitar las pensiones, pese a que la gestión del beneficio es gratuita.

Parte de los dispositivos ya fue peritada. Para los investigadores, los mensajes encontrados permitieron reconstruir vínculos entre los imputados e identificar nóminas de personas que habrían abonado dinero o que todavía mantenían deudas por los trámites.

La hipótesis fiscal sostiene que algunos aspirantes eran derivados a consultorios y clínicas privadas vinculadas con integrantes de la presunta organización. Allí se habrían confeccionado diagnósticos por enfermedades como Chagas, diabetes o patologías de columna, asignando porcentajes de incapacidad suficientes para cumplir con los requisitos exigidos para acceder al beneficio.

La Fiscalía también atribuyó al bioquímico Esteban un mecanismo mediante el cual habría aportado estudios correspondientes a pacientes que efectivamente padecían determinadas enfermedades para que luego fueran utilizados en los trámites de otras personas.

El supuesto cobro por las gestiones

Uno de los roles más particulares señalados en la investigación es el de Hugo M., propietario de un kiosco ubicado cerca del hospital de El Quebrachal. Según los investigadores, desde ese lugar habría captado potenciales beneficiarios, modificado documentación y cargado trámites a través de Internet.

Por otra parte, la acusación ubica a Edmundo Dante Salazar como una pieza relevante del presunto esquema. El exjefe de ANSES habría facilitado mecanismos para que personas ajenas al organismo pudieran acceder al sistema y cargar documentación.

Otro de los puntos investigados es el supuesto cobro de dinero a personas en situación de vulnerabilidad. Según la Fiscalía, los montos podían superar los $300.000 y llegar, en determinados trámites o renovaciones, hasta $1 millón. Algunos de los interesados, siempre de acuerdo con la acusación, habrían tomado préstamos o vendido animales y otros bienes para poder afrontar esos pagos.

En el caso de Francisco Gerardo Orellana, el fiscal Amad también hizo referencia a su gestión como intendente de Joaquín V. González, entre 2007 y 2011. Según la acusación, durante ese período habría avalado trámites de personas que no reunían los requisitos para acceder al beneficio. La Fiscalía también sostuvo que, durante períodos electorales, habría ofrecido pensiones a cambio de votos.

La investigación podría extenderse

Aunque la audiencia de imputación estuvo enfocada principalmente en hechos ocurridos en el departamento de Anta, la pesquisa podría alcanzar una dimensión mayor.

A pedido de la Fiscalía, la Gendarmería Nacional elaboró un informe sobre las pensiones no contributivas por discapacidad vigentes en la ciudad de Salta. De acuerdo con ese relevamiento, unas 9.000 de las 39.715 pensiones presentarían documentación apócrifa, incompleta o incumplimientos de requisitos.

A partir de esa estimación, el fiscal calculó un posible impacto económico de aproximadamente $3.240 millones mensuales y cerca de $40.000 millones anuales para el Estado.

La causa tramita bajo el sistema acusatorio federal, vigente en Salta desde junio de 2019. Bajo este esquema, la investigación está a cargo del Ministerio Público Fiscal, mientras que el juez de garantías interviene en las medidas que requieren control judicial.

Por el momento, las 15 personas permanecen imputadas, mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el alcance de la presunta organización y las responsabilidades individuales de cada acusado.