VIDEO | Diez valijas, cero controles: se conocieron las imágenes del vuelo que entró desde Miami como pancho por su casa

El 26 de febrero, un jet privado de la empresa Royal Class —propiedad de Leonardo Scatturice, empresario vinculado al presidente Javier Milei y a la ultraderecha estadounidense— aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery con 10 valijas a bordo.

Solo cinco fueron declaradas. Las otras, según la investigación judicial en curso, habrían ingresado al país sin pasar por los controles aduaneros establecidos, en lo que podría constituir un nuevo caso de contrabando con cobertura institucional.

En el vuelo viajaban Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH, y los tripulantes José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Diez días después, el 5 de marzo, el mismo avión despegó hacia París con la misma tripulación y pasajera, a la que se sumó Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de la misma empresa, quien había arribado antes en un vuelo comercial.

Las alarmas se encendieron cuando las autoridades notaron múltiples inconsistencias en los registros migratorios, aduaneros y aeronáuticos.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas inició una pesquisa y solicitó material clave: registros de la PSA, cámaras de seguridad del aeropuerto, informes de Aduana y documentos de la empresa Royal Class.

El dictamen de los fiscales —de 60 páginas— detalla omisiones graves, capturas de pantalla que evidencian la diferencia entre el equipaje declarado y el real, y filmaciones fragmentadas que impiden reconstruir el movimiento completo del avión.

La empresa había informado que el vuelo provenía de Fort Lauderdale, pero partió desde Opa-locka, en Florida. A su regreso, los registros aseguraban que se dirigía nuevamente a Estados Unidos, aunque la ruta real lo llevó a París con escala en las Islas Canarias. Además, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ni siquiera registró al avión.

A pesar de estas irregularidades, desde el Gobierno nacional minimizaron el episodio. El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que “la persona se sometió a todos los controles de Aduana” y que “se cumplió con la normativa vigente”. Pero la realidad que investiga la Justicia muestra un panorama completamente diferente.

El dictamen fiscal reveló que los pasajeros del vuelo fueron desviados por personal aduanero y no atravesaron los escáneres de control. La escena fue presenciada —y, según se sospecha, facilitada— por funcionarios del Estado encargados justamente de impedir este tipo de maniobras.

“El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero”, señala el documento, descartando que se tratara de una situación excepcional o de emergencia operativa.

Uno de los puntos más inquietantes se centra en el comportamiento de la pasajera principal. En las imágenes relevadas, Laura Arrieta baja del avión con un teléfono celular que, según consta en el expediente, habría sido entregado a una agente de Aduana, quien respondió con un gesto aprobatorio. La escena refuerza las sospechas de que hubo colaboración interna para encubrir el ingreso de objetos sin declarar.

La investigación continúa, con pedidos para identificar a todos los funcionarios presentes durante el operativo irregular, y para que los pasajeros amplíen su declaración.

Mientras tanto, el Ejecutivo opta por no dar explicaciones claras y se aferra a una versión que cada día pierde más sustento ante las pruebas que acumula la Justicia.

El caso expone un preocupante nivel de permisividad en los controles del Estado y arroja nuevas dudas sobre los vínculos del Gobierno con empresarios cercanos al poder presidencial.

Las valijas que nadie revisó ya son un símbolo de la opacidad que comienza a marcar la gestión de Javier Milei.