Cazaban autos, pero robaban a todos: la UTN y CECAITRA, socios en el fraude de las fotomultas

Una vez más, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede regional La Plata, quedó en el ojo de la tormenta judicial. Por orden del juez federal Ernesto Kreplak, Gendarmería allanó sus instalaciones en el marco de una causa que investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a los contratos de cinemómetros (radares de velocidad) y el multimillonario sistema de recaudación de infracciones de tránsito.

El operativo apuntó a desentrañar una red de convenios entre la UTN, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) y diversas municipalidades bonaerenses. Según fuentes judiciales, se detectaron contratos cruzados con empleados que, al mismo tiempo, firmaban desde CECAITRA y desde la universidad. Todo indica que los convenios se gestaron desde ambos lados del mostrador.

Pero lo más grave es que se habrían encontrado formularios de distribución de fondos que, aunque llevaban el sello universitario, redirigían el dinero directamente a cuentas bancarias vinculadas a CECAITRA, pasando por alto los mecanismos de control de la UTN. Un escándalo que ya no parece ser un hecho aislado.

La Justicia federal de Tres de Febrero también intervino. En ese distrito, el juez Juan Manuel Culotta, junto con el fiscal Paulo Starc y el propio Kreplak, ordenaron el allanamiento de once municipios, entre ellos La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Zárate y San Isidro. Allí también se investigan posibles irregularidades en el reparto del dinero recaudado por las fotomultas.

El esquema investigado sigue un patrón: del total recaudado, un 20% queda en manos de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el 80% restante se reparte entre los municipios y las empresas contratadas. Sin embargo, en muchos casos, los municipios habrían recibido solo migajas, mientras que fundaciones universitarias y empresas privadas –como SECUTRANS S.A. y Tránsito Seguro S.A.– se quedaban con la mayor parte del botín, sin siquiera figurar en los registros oficiales como proveedores del Estado.

La Justicia intenta determinar si las universidades actuaron como meras pantallas para desviar fondos públicos hacia bolsillos privados. La sospecha es clara: el sistema tambalea por su opacidad.

A esta trama se suma otra causa en La Plata, liderada por el fiscal Álvaro Garganta, por supuestos beneficios que la gestión del exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio habría otorgado a CECAITRA. En ese expediente también se cuestiona la legalidad del funcionamiento de 205 radares –incluyendo 50 de SECUTRANS S.A.–, que no contarían con documentación ni autorización administrativa válida.

El fiscal imputó al presidente de CECAITRA por facturar ilegalmente las infracciones captadas por 155 cinemómetros sin respaldo legal. Pero también pidió que SECUTRANS deje de ser considerada como parte damnificada, ya que estaría en la misma situación de presunta irregularidad.

Con varios frentes judiciales abiertos, allanamientos en universidades y municipios, y una lista creciente de sospechados, la gran maquinaria de las fotomultas en la provincia de Buenos Aires se tambalea. No se descartan nuevas imputaciones y más operativos en las próximas semanas.