A días del 8M, el gobierno de Axel Kicillof no actúa frente a denuncias de violencia de género en su administración

A tan solo unos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la administración de Axel Kicillof enfrenta serias críticas por la inacción en torno a las denuncias de género en el ámbito provincial. Las políticas de género que, en teoría, buscan proteger y promover los derechos de las mujeres, han sido puestas en tela de juicio, ya que, en la práctica, los procesos judiciales y administrativos resultan más humillantes y desalentadores para las víctimas que soluciones efectivas.

Una muestra clara de esto son dos valientes mujeres que habrían decidido alzar la voz y denunciar a Gustavo Cañete, actual Director provincial de mantenimiento de la Dirección General de Cultura y Educación, un cargo bajo la órbita del Ministerio de Educación provincial, que dirige el profesor Alberto Sileoni.

Ambas mujeres siguen esperando una resolución de sus denuncias, pero lo que parecía un procedimiento de justicia se ha transformado en una lucha interminable. A pesar de que estas cuentan supuestamente con pruebas contundentes y haber formalizado sus denuncias ante la comisaría de la mujer, el Ministerio de Trabajo provincial, el Ministerio de Mujeres y la oficina privada de la Dirección General de Cultura y Educación, hasta ahora no se ha tomado ninguna medida sería contra el acusado.

Lo que empeora la situación es que Cañete, un funcionario con un supuesto historial preocupante, sigue en su puesto sin ser suspendido o sumariado, incluso estaría involucrado en la explosión de la escuela 49 de Moreno, un trágico evento que costó la vida de Sandra y Rubén. Esta persona, que lleva años trabajando en la administración pública, primero bajo el gobierno de María Eugenia Vidal y ahora bajo el de Axel Kicillof, parece gozar de impunidad total.

Las denunciantes, lejos de recibir apoyo, han sido perseguidas y “aconsejadas” para que abandonen sus denuncias, argumentando que, dado que Cañete es un funcionario cercano al gobierno provincial, no se debe hacer ruido sobre el tema. En lugar de buscar justicia, las mujeres han tenido que lidiar con una serie de obstáculos: desde el trato violento y el abuso de poder hasta la necesidad de tomar licencias por problemas psiquiátricos derivados de los abusos sufridos.

A días del 8 de marzo, las preguntas se acumulan: ¿Acaso tiene que ocurrir una tragedia para que el gobierno provincial se haga responsable de lo que sucede en su administración? ¿Por qué, a pesar de las pruebas, no se actúa con contundencia? La realidad es que el compromiso del gobierno con la defensa de los derechos de las mujeres está en duda cuando no se protegen ni siquiera a aquellas que se animan a denunciar el abuso de poder y la violencia de género.

Es fundamental recordar que la lucha de las mujeres no es solo histórica, como lo demuestra el movimiento que comenzó con las trabajadoras de la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. El reconocimiento a estas mujeres valientes debe ser más que simbólico; debe traducirse en acciones concretas que protejan y defiendan a quienes se atrevan a hablar, sin importar la posición del denunciado. La verdadera justicia llega cuando las denuncias no se dejan "en la nada" y los responsables son llevados a rendir cuentas, sin excepciones.