Investigación
Polémica por un contrato de casi $903 millones: una empresa vinculada a Fútbol para Todos recibió otra millonaria adjudicación antes de la salida de Adorni
30 de Julio de 2026
Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene un discurso centrado en la austeridad fiscal y la reducción del gasto público, una nueva contratación de la Secretaría de Comunicación y Prensa volvió a generar cuestionamientos por su monto y las condiciones en las que fue adjudicada.
Según una investigación publicada por Tribuna de Periodistas, la empresa Recordvision SA obtuvo en junio de 2026 un contrato por 902.740.162,50 pesos para realizar el seguimiento y la transmisión de las actividades del presidente Javier Milei y su Gabinete durante un período de seis meses.
La firma ya había sido beneficiada en octubre de 2025 con otra contratación por 768 millones de pesos destinada a la transmisión de actos oficiales. Con esta nueva adjudicación, la empresa acumula más de 1.670 millones de pesos en contratos con el Estado nacional en menos de un año.
De acuerdo con la documentación oficial citada por el medio, el procedimiento despertó interrogantes porque solo se presentó una oferta, correspondiente a la propia Recordvision SA, y el Gobierno avanzó con la adjudicación sin realizar el Control de Precios Testigos, un mecanismo utilizado para verificar que los valores contratados se ajusten a los precios de mercado y evitar posibles sobreprecios.
El contrato se estructuró bajo la modalidad de orden de compra abierta por seis meses, lo que representa un ingreso superior a 150 millones de pesos mensuales para la empresa.
Los vínculos de la empresa
Recordvision SA está relacionada con Alejandro Spinello, empresario que tomó notoriedad en 2016 por participar de las transmisiones del programa Fútbol para Todos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Además, en 2023 se incorporó como accionista del Grupo América, convirtiéndose en socio del empresario Daniel Vila, ampliando así su presencia en el sector de los medios de comunicación.
La investigación sostiene que esta situación abre interrogantes sobre un posible conflicto de intereses y plantea dudas respecto del destino de los recursos públicos destinados al área de comunicación oficial.
Una adjudicación antes de las salidas
Otro aspecto que llamó la atención fueron los tiempos en que se concretó la contratación.
El dictamen de evaluación de ofertas fue publicado el 12 de junio de 2026, mientras que la adjudicación quedó firme el 16 de junio.
Seis días después, el entonces secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, quien firmó la resolución, dejó su cargo y posteriormente fue designado como integrante del directorio del Banco Nación.
A su vez, once días después de la adjudicación, Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete, en medio del desgaste político de su gestión y de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito.
La contratación, que garantiza un compromiso de casi 903 millones de pesos, quedó así como uno de los últimos actos administrativos de relevancia del equipo de comunicación saliente, generando nuevas críticas por el contraste entre el discurso oficial de ajuste y una millonaria adjudicación realizada sin competencia efectiva.
