Mazzacane, Kicillof y Alak: el supuesto triángulo de la corrupción que pone en jaque al automovilismo argentino

Un supuesto entramado oscuro de negocios turbios, testaferros, autorizaciones truchas y una cadena de favores cruzados entre el poder político y el automovilismo, pone en jaque no sólo a la transparencia del deporte motor, sino a la seguridad de miles de espectadores.

En el centro del escándalo: Hugo Mazzacane, presidente de la ACTC, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Julio Alak, intendente de La Plata. Tres nombres, un supuesto triángulo de corrupción que operaría con una impunidad insultante.

Como viene revelando este medio con documentación concreta y testimonios, la maniobra es tan burda como peligrosa. El Automóvil Club La Plata S.A., presidido formalmente por Cristian Bernat, sería en realidad propiedad de Mazzacane. Lo mismo ocurre con el predio donde se desarrollan las competencias: el Autódromo Roberto Mouras, que operaría bajo la fachada de dos sociedades anónimas manejadas por prestanombres, pero cuyo verdadero dueño sería, otra vez, Mazzacane.

Una de esas sociedades está presidida por Alfredo Jáuregui, jefe de logística de la empresa Pestarino S.A., mientras que la otra es liderada por Humberto “Tano” Rúffolo, un viejo conocido de la rosca política local. Detrás, estaría el verdadero poder: Ángel Pagano, condenado por la Justicia y ex titular de SEPUBA.

Pero la impunidad no termina ahí. A pesar de estar suspendidos por ARCA por irregularidades flagrantes, los eventos automovilísticos se siguen realizando sin control. No cumplen las normativas mínimas de seguridad y sanidad, exponiendo a miles de personas a riesgos letales.

¿Quién les da vía libre? Acá entran las otras dos puntas del triángulo: Kicillof y Alak, quienes habrían ordenado directamente a sus funcionarios que autorizaran irregularmente las competencias.

Desde el gobierno provincial, las autorizaciones surgen de la COPAM (Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo), un nido de favores políticos presidido por Cristian Cardozo e integrado por representantes de Transporte, Seguridad, Turismo, Vialidad y la Jefatura de Gabinete.

Todo, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que dirige Andrés “El Cuervo” Larroque. Sí, el mismo que firma las autorizaciones aún sin tener al nuevo subsecretario de Deportes oficialmente nombrado.

Por si faltaba algo, Mazzacane también estaría siendo investigado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico santafesino, mediante su empresa Quilmes Tolosa S.A.. Una bomba que está en manos de la Justicia Federal de Rosario.

En La Plata, el otro sostén de este mecanismo es Julio Alak, quien permitiría el uso del predio del Autódromo sin exigir la documentación legal ni los requisitos de seguridad. Funcionarios municipales como Víctor Hortel (Secretaría de Control Urbano) y María Sol Gutiérrez (Subsecretaría de Desarrollo Comercial), estarían involucrados en estas habilitaciones truchas.

También habría profesionales que firman informes apócrifos, entre ellos: la arquitecta Alejandra Carrizo Vallejos, el médico Edgardo Stuhl, el subcomisario Cristian Martínez y hasta el jefe de bomberos voluntarios Oscar Vega.

Todo lo aquí descripto ya fue denunciado formalmente ante organismos administrativos y judiciales. Se espera que, una vez agotada la vía administrativa, se avance con una denuncia penal por delitos como: incumplimiento de deberes de funcionario público, adulteración de documentos y abuso de autoridad.

Las pruebas están. Los nombres, también. Lo que faltaría es que la Justicia actúe y que los responsables, políticos o no, dejen de jugar con la vida y la confianza de la gente.

Porque lo que está en juego no es sólo el automovilismo. Es, una vez más, la decencia que le roban a la sociedad con total descaro.