"La muerte de Diego no admite borrón y cuenta nueva": el cambio de estrategia que genera ruido

Por Lucas Bianco, abogado penalista, especial para Diario Gran La Plata

El principal acusado por la muerte de Diego Armando Maradona volvió a mover el tablero. Al solicitar declarar, cambió de manera radical la estrategia defensiva que había adoptado en el primer debate.

Vale recordar que aquel juicio fue anulado a raíz de las graves irregularidades que lo atravesaron, al punto tal que una de las juezas del tribunal fue destituida. Ese antecedente no es menor: condiciona, inevitablemente, la lectura de todo lo que ocurre en esta nueva instancia.

Leopoldo Luque médico personal de Maradona se encuentra imputado por homicidio con dolo eventual, figura que, en términos simples, implica haber asumido el riesgo de que el resultado muerte pudiera producirse. Se le reprocha, en lo esencial, una deficiente atención médica y una supervisión inadecuada en el marco de una internación domiciliaria que, desde su inicio, estuvo rodeada de controversias.

El ejercicio de su derecho a declarar —que no es otra cosa que un acto de defensa— fue rápidamente señalado por algunos como una maniobra dilatoria, en particular por el impacto que tuvo sobre testimonios relevantes, como el de una de las hijas de Maradona y el de un testigo que compareció pese a encontrarse enfermo.

Sin embargo, más allá de esas lecturas coyunturales, lo verdaderamente interesante es analizar si este cambio de estrategia resulta acertado en relación con el primer juicio.

Desde una concepción estrictamente normativa del derecho, la respuesta parecería sencilla: anulado el debate anterior, todo vuelve a foja cero. En consecuencia, la nueva estrategia no debería verse condicionada por lo ocurrido previamente.

Pero si entendemos —como entiendo— que el derecho es algo más que la mera aplicación automática de normas a hechos, la cuestión cambia. El proceso judicial está atravesado por personas, por contextos, por ideas. Y en ese marco, resulta difícil sostener que los nuevos jueces serán completamente ajenos a lo sucedido en el juicio anterior. Aunque formalmente haya sido declarado nulo, su existencia no puede borrarse de la memoria institucional ni del clima en el que se desarrolla este nuevo debate.

No se trata de poner en crisis la imparcialidad judicial, sino de reconocer una realidad: los jueces no operan en el vacío.

La ley de ética profesional impide opinar sobre la actuación de colegas en términos personales. Pero sí permite —y exige— analizar las estrategias. En ese sentido, el cambio de rumbo es, sin dudas, una opción válida dentro del ejercicio del derecho de defensa.

Ahora bien, también es legítimo preguntarse si no hubiese sido más conveniente sostener la línea trazada en el primer debate, evitando introducir un giro que, en un proceso de tan alta exposición pública, puede ser leído de múltiples maneras.

Si la decisión fue acertada o no, como suele ocurrir en el ámbito judicial, solo podrá evaluarse con el resultado puesto: cuando llegue la sentencia y el “diario del lunes” permita ver con claridad lo que hoy todavía está en disputa.