Exclusivo de Diario Gran Argentina
YPF: la Justicia de Estados Unidos baja el precio del juicio y Argentina respira... Un poco
29 de Marzo de 2026
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos emitió un fallo clave en la extensa disputa judicial por la expropiación de YPF realizada por el Estado argentino en 2012.
En una decisión que revisa parcialmente la sentencia de primera instancia, el tribunal resolvió revertir el núcleo del fallo que había condenado al país a pagar más de 16 mil millones de dólares a accionistas minoritarios, al considerar que esos reclamos no son válidos bajo la legislación argentina.
El caso había sido impulsado por los fondos Petersen Energía y Eton Park, que eran accionistas minoritarios de YPF al momento en que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió renacionalizar la compañía, expropiando el 51 por ciento de las acciones que estaban en manos de Repsol.
Los demandantes sostenían que el Estado violó el estatuto de la empresa al no realizar una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas, tal como establecían las normas internas de la petrolera.
En primera instancia, la justicia de Nueva York les había dado la razón y fijado una indemnización multimillonaria. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones concluyó que esos reclamos por incumplimiento contractual no son "cognoscibles" según el derecho argentino, ya que los estatutos de una empresa no generan obligaciones bilaterales entre accionistas que puedan reclamarse como un contrato tradicional.
Además, remarcó que el conflicto se da en el marco de una expropiación estatal, lo que lo ubica bajo un régimen legal específico que limita este tipo de demandas.
El fallo también confirmó la desestimación de otros planteos, como los basados en promesas incumplidas, y mantuvo la decisión favorable a YPF, que había sido desligada de responsabilidad.
No obstante, el tribunal ordenó que el caso continúe en instancias inferiores para resolver cuestiones pendientes en línea con esta nueva interpretación. De este modo, el litigio entra en una nueva etapa, con un escenario judicial más favorable para la Argentina, aunque aún sin un cierre definitivo.
