El gobierno de Milei desfinancia la búsqueda de bebés apropiados durante la Dictadura

Organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno de Javier Milei profundizó el desfinanciamiento de políticas clave para la búsqueda de bebés apropiados durante la última dictadura militar, lo que genera fuertes críticas y preocupación a nivel nacional e internacional.

La advertencia fue encabezada por Abuelas de Plaza de Mayo, que alertó que el Estado dejó de enviar kits de ADN a las embajadas argentinas, una herramienta fundamental para que personas que viven en el exterior y dudan de su identidad puedan realizarse estudios genéticos.

Estos kits permiten tomar muestras de sangre en sedes consulares y enviarlas al país para su análisis, un mecanismo que funciona desde hace más de dos décadas y que resultó clave para avanzar en la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

Desde la organización remarcaron que esta interrupción obstaculiza la búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado, muchas de las cuales podrían encontrarse fuera de Argentina. En ese sentido, recordaron que aún quedan alrededor de 300 personas que viven con identidad falsa sin conocer su origen.

Además, señalaron que esta medida se suma a un conjunto de decisiones que afectan las políticas de memoria, verdad y justicia, como el desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, el debilitamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el cierre de áreas específicas de investigación.

En la misma línea, integrantes de la Red Internacional por el Derecho a la Identidad advirtieron que el Gobierno también interrumpió el envío de estos kits a consulados, lo que paraliza la posibilidad de realizar análisis en el exterior para personas nacidas entre 1975 y 1983 que sospechan ser hijos de desaparecidos.

Desde distintos espacios de derechos humanos calificaron la situación como grave y denunciaron que estas decisiones “ponen obstáculos” en la búsqueda, al tiempo que remarcaron que el delito de apropiación de menores continúa vigente hasta que se restituye la identidad de la víctima.

En ese marco, también hubo declaraciones contundentes desde el ámbito provincial. Lorena Battistiol, directora de Sitios y Espacios de Memoria bonaerense, sostuvo que frenar estas políticas implica impedir que quienes tienen dudas sobre su identidad puedan acceder a la verdad, y advirtió que el Estado estaría siendo “cómplice” de un delito de lesa humanidad.

El conflicto se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los organismos de derechos humanos. Desde la asunción de Milei, se profundizó una postura crítica hacia estas políticas, incluyendo cuestionamientos sobre el número de desaparecidos y la idea de una “memoria completa” que equipara el terrorismo de Estado con la violencia de organizaciones armadas.

Cabe recordar que durante la última dictadura militar (1976-1983) se estima que cientos de bebés fueron apropiados de manera ilegal, en el marco de un plan sistemático. La búsqueda de estas personas continúa siendo una política central para los organismos de derechos humanos, que advierten que cada retroceso estatal dificulta el proceso de restitución de identidad.