Kicillof cortó el vínculo con Nación y la Provincia asumió el control total de los subsidios al transporte en el AMBA

El gobernador Axel Kicillof oficializó el cierre definitivo del convenio que la provincia de Buenos Aires mantenía con el Estado nacional para administrar las compensaciones tarifarias del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, y confirma que la Provincia asumirá de manera plena el control del sistema de subsidios para las líneas de jurisdicción provincial y municipal.

Aunque desde el Gobierno bonaerense sostienen que se trata de la conclusión administrativa de un acuerdo que ya había cumplido su objetivo, la medida tiene un fuerte impacto político. El cierre del convenio representa un nuevo capítulo en la disputa entre la gestión de Axel Kicillof y el presidente Javier Milei por el reparto de recursos, el financiamiento del transporte y la autonomía de la Provincia frente a la Nación.

El convenio había sido firmado en diciembre de 2018, tras el Consenso Fiscal acordado entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. A través de ese mecanismo, el entonces Ministerio de Transporte nacional calculaba cada mes las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas de transporte, mientras que la Provincia era la encargada de distribuir esos fondos entre las prestatarias bonaerenses.

Ese esquema permaneció vigente durante más de siete años y fue prorrogado en diez oportunidades mediante distintas adendas. Su última extensión fijó la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, momento en el que comenzó a implementarse un nuevo sistema de financiamiento impulsado por la administración provincial.

El cambio se produjo con la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, establecido por el Decreto 3231/25. Ese régimen reemplazó el mecanismo de asistencia técnica que hasta entonces brindaba la Nación y permitió que la Provincia diseñara su propio sistema para calcular y distribuir los subsidios. Según el decreto publicado este lunes, esa modificación volvió "innecesaria" la continuidad del convenio firmado en 2018.

Además, mediante el Acta de Cierre suscripta el 7 de marzo de este año, ambas administraciones dieron por cumplidas todas las obligaciones derivadas del acuerdo y pusieron fin a la cooperación institucional vinculada al cálculo, liquidación y distribución de las compensaciones tarifarias. También quedaron concluidas las tareas relacionadas con el Atributo Social de la tarjeta SUBE y las compensaciones por gasoil diferencial.

La decisión llega en un contexto de permanente tensión entre la Casa Rosada y la administración bonaerense. Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional, Axel Kicillof denunció reiteradamente el recorte de transferencias nacionales, la reducción de subsidios y la eliminación de distintos mecanismos de financiamiento para las provincias, especialmente en áreas como el transporte y la obra pública.

Con la oficialización del cierre del convenio, la Provincia deja de depender de la intervención técnica del Estado nacional para determinar y distribuir las compensaciones destinadas a las empresas de transporte bajo su jurisdicción. De esta manera, el Gobierno bonaerense consolida un modelo de gestión propio en uno de los sectores donde más se profundizó el enfrentamiento con la administración nacional.

Si bien el convenio ya había perdido operatividad desde la puesta en marcha del nuevo régimen provincial, su finalización definitiva representa un fuerte gesto político. En medio de la disputa por los recursos federales, la medida reafirma la estrategia de Kicillof de administrar con herramientas propias un sistema que durante años funcionó de manera articulada con la Nación, profundizando así el conflicto con el Gobierno de Javier Milei por el control del financiamiento del transporte en el AMBA.