El clan Adrorni, hasta las manos: la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del hermano del jefe de Gabinete

La Justicia federal comenzó a profundizar una investigación sobre el patrimonio de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en una causa que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos y posibles maniobras de lavado de dinero.

La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, quien hizo lugar a una veintena de medidas de prueba impulsadas por el fiscal Guillermo Marijuan. Entre las disposiciones más sensibles figura el levantamiento del secreto fiscal y bancario para acceder a información financiera y tributaria vinculada al actual diputado bonaerense y ex funcionario del Ministerio de Defensa.

Mientras el propio Manuel Adorni continúa bajo investigación en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito, ahora la lupa judicial se posó sobre su hermano, quien se desempeñó desde diciembre de 2023 como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa.

En el expediente, el fiscal sostuvo que la investigación apunta a determinar un “presunto incremento patrimonial no justificado” durante el período en que Francisco Adorni ocupó funciones dentro del Gobierno nacional.

Entre los movimientos bajo análisis aparecen un crédito hipotecario de 60 millones de pesos que habría sido cancelado en apenas 12 meses, la compra del 50 por ciento de un vehículo y un incremento patrimonial estimado en un 84 por ciento en un año.

Para reconstruir el flujo de fondos y el patrimonio desde 2020 hasta la actualidad, la fiscalía ordenó requerir documentación a ARCA, ex AFIP, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA, además de registros de facturación electrónica y antecedentes previsionales.

También se buscará determinar si Francisco Adorni ingresó a algún régimen de blanqueo de capitales o declaración voluntaria de tenencia de moneda extranjera.

La investigación avanzará además sobre cuentas bancarias, transferencias, plazos fijos, fondos comunes de inversión, compra de divisas, créditos hipotecarios y prendarios, así como eventuales cajas de seguridad y documentación presentada ante entidades financieras para justificar el origen de fondos.

El expediente también incluye pedidos de informes a AGIP y ARBA sobre impuestos, bienes inmuebles y automotores, además de requerimientos al Banco Central para relevar movimientos financieros en todas las entidades del país.

En paralelo, la fiscalía busca determinar el alcance del patrimonio registrado a nombre del hermano del funcionario libertario. Por eso se solicitaron informes sobre propiedades, vehículos, porcentajes de titularidad, hipotecas y operaciones de compra y venta realizadas desde 2020.

A su vez, el Ministerio de Defensa deberá remitir el legajo laboral completo de Francisco Adorni, junto con los actos administrativos de sus designaciones y el detalle de salarios percibidos desde su ingreso a la gestión pública.

La Oficina Anticorrupción también fue requerida para entregar las declaraciones juradas patrimoniales presentadas durante su paso por la función pública, incluyendo anexos reservados.

La causa contempla además cruces de información con la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir entradas y salidas del país, mientras que la Unidad de Información Financiera deberá aportar datos sobre antecedentes financieros, societarios y eventuales investigaciones previas.

En la misma línea, la Justicia pidió informes a empresas de envío de dinero como Western Union y Correo Argentino para rastrear posibles giros y transferencias vinculadas al hermano del jefe de Gabinete.