Aquí no ha pasado nada: la causa de los créditos VIP a funcionarios quedó en manos de una jueza amiga del poder

La Cámara Federal porteña resolvió que el Juzgado Federal Número 5, encabezado por María Eugenia Capuchetti, continúe al frente de todas las investigaciones vinculadas a los millonarios créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios nacionales y dirigentes ligados al Gobierno del presidemente Javier Milei.

La decisión fue firmada por el camarista Eduardo Farah, quien sostuvo que las distintas denuncias presentadas forman parte de “un mismo suceso” y, por lo tanto, debían tramitar de manera unificada bajo las reglas de conexidad establecidas por la Cámara Federal.

De esta manera, todas las causas quedaron concentradas en el expediente que tramita en el juzgado de Capuchetti, luego de que la Justicia considerara inválida la primera denuncia presentada ante el juzgado de Ariel Lijo por carecer de “un mínimo de lógica”.

Farah explicó que, si bien la primera presentación había ingresado inicialmente en el juzgado de Lijo, el escrito no reunía condiciones básicas para avanzar judicialmente y no fue corregido posteriormente. Por eso, se tomó como válida la denuncia presentada horas más tarde por la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade.

La legisladora pidió investigar posibles delitos de “tráfico de influencias” y “administración fraudulenta” luego de que se conociera que funcionarios del Gobierno nacional y dirigentes de La Libertad Avanza accedieron a créditos hipotecarios millonarios otorgados por el Banco Nación.

Según la denuncia, varios de esos préstamos no guardarían relación con los ingresos declarados por los beneficiarios y habrían sido otorgados bajo condiciones que difícilmente recibiría cualquier ciudadano común.

“Se hace necesario que la Justicia determine si los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores son resultado de la aplicación estricta del manual interno o si se relajaron requisitos que sí se exigen al resto de la población”, había advertido Frade.

Entre los nombres señalados aparecen integrantes del equipo económico y dirigentes libertarios cercanos al núcleo duro del poder. Los créditos más elevados corresponden a Juan Pedro Inchauspe, integrante del directorio del Banco Central, y a Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del BICE.

En ambos casos, los montos equivalieron a unos 350 mil dólares al momento de ser otorgados. Inchauspe recibió un crédito de 510 millones de pesos y Núñez otro de 373 millones.

La denuncia también menciona a Federico Furiase, secretario de Finanzas; Juan Pablo Carreira, señalado como responsable de las “milicias digitales” del oficialismo; el director de YPF Emiliano Mongilardi y los diputados libertarios Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde y Alejandro Bongiovanni, entre otros beneficiarios.

El avance judicial vuelve a poner al Gobierno libertario bajo la lupa, en medio de fuertes cuestionamientos por presuntos privilegios para funcionarios mientras millones de argentinos enfrentan tasas impagables, caída del poder adquisitivo y restricciones para acceder a créditos o viviendas.