Corrupción y nepotismo en el Consejo Escolar de La Plata y ATE: denuncian irregularidades en la asignación de cargos auxiliares

Una serie de documentos administrativos, registros laborales, audios y presentaciones formales volvió a poner en el centro de la polémica al Consejo Escolar de La Plata por presuntas irregularidades en la asignación de cargos para auxiliares de establecimientos educativos.

El reclamo surgió a partir del proceso de mensualización realizado el pasado 13 de marzo, en el que, según las planillas difundidas posteriormente, fueron incorporados 140 trabajadores y el último cargo general quedó determinado en 100,70 puntos. Aspirantes que participan desde hace años de los listados sostienen que algunas personas habrían obtenido cargos pese a contar con puntajes inferiores y, en determinados casos, sin haber atravesado las mismas instancias públicas que el resto de los postulantes.

Las acusaciones apuntan principalmente al Consejo Escolar de La Plata, presidido por Iván Maidana, y a los representantes gremiales que participaron de la fiscalización del acto. También se reclama explicaciones a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, organismo del que depende la estructura administrativa relacionada con estos procedimientos.

Denuncias por designaciones por debajo del puntaje de corte

Entre la documentación presentada por los denunciantes aparece el caso de Facundo Tomás, quien figura incorporado como auxiliar administrativo, con toma de posesión el 13 de marzo y destino en el Jardín de Infantes N° 901 de La Plata, bajo la modalidad de real interinato.

Según quienes impulsan el reclamo, su puntaje sería considerablemente inferior al 100,70 establecido como referencia en el acto de mensualización. Además, sostienen que no habría participado de la instancia pública en la que los demás aspirantes debieron competir por los cargos disponibles.

Los denunciantes también señalan un presunto vínculo familiar entre Tomás y María Grismau, referente de ATE Educación La Plata. Se trata de una de las cuestiones que deberán ser verificadas y explicadas por las personas involucradas y por los organismos correspondientes.

Otro registro laboral mencionado en la denuncia corresponde a Franco Nicolás Grismau, cuya toma de posesión también figura fechada el 13 de marzo, con inicio de funciones el día 16. El trabajador aparece registrado como auxiliar interino activo en la Escuela Secundaria N° 42.

Ambas designaciones figuran asociadas al expediente administrativo ME-2026-15347624-GDEBA-DARRHHDGCYE. Para los denunciantes, ese expediente resulta clave para determinar quién autorizó las incorporaciones, qué listado se utilizó y cuáles fueron los controles realizados durante el procedimiento.

También cuestionan a personas vinculadas a distintos gremios

Los reclamos incorporan además otros cuatro nombres que, según los aspirantes, habrían accedido a cargos durante el mismo proceso pese a registrar puntajes inferiores al corte general.

Uno de ellos es Juan Tobes García, a quien se atribuyen 83 puntos y una designación en la Escuela Secundaria N° 29. Los denunciantes sostienen, además, que tendría vinculación con el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME).

También es mencionado el caso de Romina Tómas, quien habría ingresado con 78 puntos a la Escuela Primaria N° 11. Los aspirantes sostienen que tendría vínculos familiares con María Grismau y relaciones con ATE.

En la lista aparece asimismo Sabina Delorenzo, con 91,80 puntos y destino en el Jardín de Infantes N° 901. La información difundida por los denunciantes la relaciona políticamente con sectores de SOEME.

Finalmente, el reclamo menciona a Mónica Paz. Según la documentación aportada, no habría figurado en el listado correspondiente a 2024, mientras que en 2025 habría aparecido con 57,95 puntos y en 2026 con 80,75. Los denunciantes cuestionan que, pese a encontrarse por debajo del puntaje general de referencia, habría conseguido una mensualización. También sostienen que tendría vínculos con UPCN y con sectores del Consejo Escolar.

Piden explicaciones al Consejo Escolar y a los sindicatos

Los cuestionamientos no se limitan a las personas que habrían conseguido los cargos. Los aspirantes también reclaman explicaciones sobre el papel desempeñado por las organizaciones gremiales que participaron en la fiscalización del acto.

La junta interna de ATE Educación La Plata había informado públicamente que participó de la jornada y que fiscalizó los actos públicos. Para los denunciantes, esa participación vuelve necesario conocer si sus representantes detectaron irregularidades, realizaron observaciones o avalaron las designaciones cuestionadas.

El reclamo también alcanza al Consejo Escolar. Los aspirantes consideran que el organismo no puede delegar exclusivamente la responsabilidad en las organizaciones sindicales, ya que es la institución encargada de administrar las vacantes, organizar los actos, elaborar la documentación y gestionar las altas correspondientes.

A nivel provincial, los pedidos de explicación también involucran a las áreas responsables de la coordinación de los consejos escolares y de la administración de los recursos humanos de la Dirección General de Cultura y Educación.

Una presentación formal que reclama respuestas

El 2 de septiembre, un grupo de aspirantes presentó formalmente una nota ante el Consejo Escolar de La Plata. Allí solicitaron información sobre la cantidad de cargos asignados por fuera de los actos públicos, las autoridades que autorizaron las designaciones, los criterios utilizados y las medidas previstas para garantizar condiciones de igualdad entre los postulantes.

La presentación cuenta con sello de Mesa de Entradas del organismo, por lo que el reclamo excede las publicaciones realizadas en redes sociales y quedó formalmente incorporado ante una dependencia estatal.

Una de las trabajadoras que participa del reclamo afirmó que el presidente del Consejo Escolar, Iván Maidana, no los habría recibido personalmente y que las presentaciones fueron atendidas por su secretaría.

Los aspirantes expresan su malestar porque, según sostienen, llevan años participando de los listados, realizando capacitaciones y acumulando puntaje para acceder a un cargo estable.

Reclamos ante la conducción de ATE

La controversia también llegó a la conducción provincial de ATE. Una presentación dirigida al secretario General, Claudio Arévalo, y a la secretaria Adjunta, Eliana Aguirre, solicitó que el gremio investigue las acusaciones relacionadas con integrantes de su junta interna de Educación La Plata.

En el escrito se reclama revisar la actuación de María Grismau, Diego Vasquez y otros delegados que habrían intervenido en la fiscalización del acto.

Los denunciantes también cuestionaron la presunta restricción de la participación de afiliados en grupos de WhatsApp y redes sociales. A su entender, el gremio debe brindar explicaciones debido a que sus representantes estuvieron presentes durante el procedimiento y habían presentado su participación como una garantía de transparencia.

Posteriormente, durante otro acto, los aspirantes volvieron a presentarse frente al Consejo Escolar para reclamar respuestas. Según surge del material difundido, empleados del organismo reconocieron haber recibido las notas, aunque señalaron que la respuesta correspondía a otras autoridades y que sería enviada por escrito.

El puntaje no es el único elemento a considerar

Uno de los aspectos centrales de la discusión es que una designación con un puntaje inferior a 100,70 no necesariamente implica, por sí misma, una irregularidad.

La provincia cuenta con distintos listados y mecanismos de acceso que contemplan situaciones específicas, entre ellas veteranos de Malvinas, personas con discapacidad y personas travestis, transexuales y transgénero.

Por ese motivo, los denunciantes reclaman que el Consejo Escolar informe con precisión bajo qué listado, modalidad o cupo fue incorporada cada una de las personas cuestionadas.

Esa información permitiría determinar si las designaciones se ajustaron a la normativa vigente o si, por el contrario, existieron mecanismos distintos de los aplicados al resto de los aspirantes.

Transparencia y acceso a la información

El reclamo plantea una cuestión que excede la situación particular de los trabajadores involucrados: la necesidad de garantizar transparencia en el acceso a los cargos públicos.

Si las designaciones cuestionadas fueron realizadas conforme a la normativa, los organismos responsables cuentan con las actas, expedientes y registros necesarios para demostrarlo. En cambio, la falta de información o de respuestas oficiales podría profundizar las sospechas planteadas por los aspirantes.

Mientras esperan una respuesta formal, los trabajadores reclaman que se publiquen las actas correspondientes, se identifiquen los criterios utilizados para cada incorporación y se determine quién autorizó y firmó las designaciones cuestionadas.

El pedido, en definitiva, apunta a que el acceso a los cargos auxiliares se rija por reglas claras, verificables y conocidas por todos los aspirantes, evitando cualquier situación que pueda ser interpretada como favoritismo, nepotismo o manejo discrecional de los puestos disponibles.