Denuncia penal pone bajo la lupa al Instituto de la Vivienda bonaerense

La controversia en torno a la adjudicación de viviendas sociales en Dolores sumó un nuevo capítulo y ahora alcanza directamente al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. Una denuncia penal presentada por María Teresa Díaz plantea interrogantes no sólo sobre la situación de quienes habrían sido beneficiarios de una unidad habitacional, sino también sobre los mecanismos de control utilizados por el Estado para determinar quién podía acceder a esas viviendas, quién las ocupaba y si se mantenían las condiciones exigidas para conservar el beneficio.

La presentación judicial se produjo luego de un reclamo administrativo formulado ante el propio organismo provincial. En esta nueva instancia, Díaz solicita que se investigue si Mario Faustino Agüero, funcionario bonaerense, y Karina Ivana Salto habrían accedido o conservado un beneficio habitacional estatal a partir de información que, según sostiene, podría no coincidir con su verdadera situación de residencia.

El planteo abre, además, un interrogante de carácter institucional: ¿qué controles realizó el Estado bonaerense para verificar que la vivienda social adjudicada estuviera efectivamente ocupada por sus beneficiarios y destinada al fin para el cual fue entregada?

De acuerdo con la documentación presentada, la denuncia contempla posibles delitos como defraudación contra la administración pública y falsedad ideológica, sin descartar otras figuras que puedan surgir durante la investigación.

El eje del conflicto está relacionado con una vivienda correspondiente a un programa federal en Dolores. Según sostiene Díaz, mientras Agüero y Salto aparecen relacionados con esa unidad habitacional, distintos elementos incorporados a expedientes judiciales y administrativos ubicarían al grupo familiar durante varios años en un inmueble de Ramos Mejía 255, propiedad que la denunciante vincula con su familia y que actualmente forma parte de un proceso judicial de desalojo.

Las dudas sobre los controles oficiales

La situación coloca bajo cuestionamiento al Instituto de la Vivienda bonaerense, actualmente conducido por Diego Menéndez. La principal duda planteada por la denunciante es si el organismo tuvo acceso a antecedentes que permitían advertir una eventual contradicción en la situación habitacional de los beneficiarios y, de ser así, por qué no se produjo una revisión anterior.

Entre los elementos aportados aparece también una cuestión vinculada con la identificación catastral de los inmuebles. Díaz afirma que documentación proporcionada por el propio Instituto haría referencia a dos nomenclaturas diferentes: las manzanas 314M y 314N, ambas relacionadas —según su presentación— con Agüero y Salto.

Ese dato deberá ser confirmado por los organismos competentes. Sin embargo, plantea una serie de interrogantes que la investigación deberá esclarecer: si ambas referencias corresponden a una misma vivienda, cuál es el motivo de la existencia de dos identificaciones; y si se trata de inmuebles diferentes, cómo se produjo esa situación dentro del esquema de beneficios habitacionales.

Testimonios que ubican a la familia en Ramos Mejía

La denuncia incorpora antecedentes judiciales que, según Díaz, permitirían reconstruir la situación habitacional de la familia durante distintos períodos.

Entre ellos figuran testimonios incluidos en la IPP 03-00004726/17. Allí, vecinos de la zona de Ramos Mejía habrían señalado que Agüero, Salto y sus hijos residían en ese sector.

Uno de los testimonios mencionados en la presentación ubica a Mario Agüero junto a su esposa, Karina Salto, y sus dos hijos en el inmueble de Ramos Mejía 255.

A estos testimonios se suma un informe elaborado por una profesional de la Defensoría Departamental de Dolores. Según la documentación incorporada, la trabajadora social se presentó en Ramos Mejía 259 y entrevistó a Agüero, quien manifestó estar casado con Salto y convivir allí con sus hijos.

El mismo informe señala que Salto trabajaba en una guardería y que Agüero se desempeñaba en el gobierno de Axel Kicillof.

Para la denunciante, estos antecedentes deberían ser analizados para determinar si la situación de residencia declarada por los beneficiarios coincidía con las condiciones requeridas para acceder y permanecer en una vivienda social.

También se pide revisar la ocupación efectiva

La denuncia solicita que se determine quién ocupó realmente la vivienda adjudicada, durante qué período y si existieron controles posteriores por parte de las autoridades.

También se pretende establecer si el Instituto de la Vivienda y la Municipalidad de Dolores, encabezada por el intendente Juan Pablo García, fueron informados sobre eventuales modificaciones en la ocupación del inmueble o sobre circunstancias que pudieran afectar el beneficio.

Otro de los elementos incorporados a la presentación es un informe del Registro Automotor en el que Agüero figura como titular de una Chery Tiggo 5 2.0 Luxury CVT, modelo 2017. El vehículo aparece registrado como bien ganancial y Salto figura como cónyuge.

La existencia de ese automóvil, por sí sola, no constituye necesariamente una incompatibilidad con la posibilidad de acceder a una vivienda social. No obstante, Díaz considera que el dato debe ser tenido en cuenta al analizar integralmente la situación económica y patrimonial de los beneficiarios y determinar si cumplían con los requisitos establecidos por el programa.

Antecedentes judiciales y una disputa por un inmueble

La presentación también hace referencia a distintos expedientes civiles y penales relacionados con inmuebles de la zona de Ramos Mejía. Entre las actuaciones mencionadas aparecen procesos por desalojo, estelionato y daños, además de otras causas vinculadas con la ocupación de propiedades.

En una de esas actuaciones judiciales, según sostiene la denunciante, Agüero habría manifestado que en 2008 adquirió la posesión de un inmueble a través de una operación realizada con una persona de apellido Macía y con la participación de un tercero.

Para Díaz, ese antecedente resulta relevante porque podría permitir establecer cuál era la situación patrimonial y habitacional de Agüero y Salto al momento de solicitar o mantener el beneficio estatal.

La cuestión central, en consecuencia, será determinar qué información fue declarada ante las autoridades, cuál era la situación familiar y económica informada y dónde residían efectivamente los beneficiarios durante el período correspondiente.

El expediente de adjudicación, ahora bajo análisis

La nueva denuncia solicita que se incorporen y revisen distintos documentos relacionados con la entrega de la vivienda, entre ellos el expediente completo de adjudicación, declaraciones juradas, informes sociales, censos, relevamientos e inspecciones realizadas con posterioridad.

El pedido también alcanza a cualquier documentación que permita establecer si la vivienda permaneció ocupada por sus adjudicatarios y si se realizaron controles destinados a verificar el cumplimiento de las condiciones del programa.

De esta manera, la controversia deja de concentrarse exclusivamente en la conducta atribuida a particulares y pone el foco sobre el funcionamiento de los mecanismos estatales de fiscalización.

En un contexto en el que numerosas familias bonaerenses permanecen a la espera de una solución habitacional, el caso plantea una discusión que excede el conflicto particular. Si la Justicia confirma que existieron inconsistencias en el acceso o permanencia en una vivienda financiada con recursos públicos, también deberá determinarse si los organismos responsables contaban con herramientas para detectarlas y qué controles fueron efectivamente realizados.

La cuestión de fondo, entonces, no pasa únicamente por establecer quién recibió la vivienda, sino también por determinar si el sistema provincial verificó que ese beneficio llegara efectivamente a quienes cumplían con las condiciones previstas y que la unidad habitacional conservara el destino social para el que fue financiada.