Milei y Bullrich blindaron el Congreso y amenazan con reprimir a los jubilados nuevamente

Este miércoles, el Congreso de la Nación estará blindado por un imponente operativo de seguridad en medio de una nueva jornada de protestas, especialmente convocada por jubilados. Más de 2.000 efectivos de fuerzas federales y porteñas se desplegarán para evitar desbordes, después de los incidentes registrados la semana pasada, cuando una fuerte represión dejó varios heridos y graves destrozos en el centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El dispositivo de seguridad, ideado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei, contará con la participación de 900 policías de la Ciudad, 720 efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), y 400 integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y Prefectura Naval Argentina (PNA), según fuentes oficiales. La presencia policial se duplicará con respecto a la semana pasada, en un intento por evitar que la situación se descontrole nuevamente.

Para garantizar el control total de las inmediaciones del Congreso, se instalará un vallado de 100 metros alrededor del Palacio Legislativo, impidiendo el paso de vehículos y peatones en la zona. Además, 600 agentes de tránsito porteños se encargarán de controlar el flujo vehicular hasta seis cuadras a la redonda.

La jornada no estará exenta de controversia, ya que desde las primeras horas del día, miles de usuarios del transporte público en la estación Constitución se encontraron con amenazas directas a los manifestantes. En las pantallas de los trenes del área metropolitana de Buenos Aires, se leía: "La protesta no es violencia. La Policía va a reprimir todo atentado contra la República". Este mensaje, difundido por el gobierno, refleja la firme postura adoptada por Bullrich para evitar que los manifestantes lleguen a la Plaza del Congreso.

El operativo y las amenazas de represión generan un clima tenso en torno a las protestas, que continuarán creciendo en medio de la crisis económica y los reclamos sociales. Mientras tanto, la seguridad se mantiene como el principal foco de la gestión presidencial y ministerial para intentar contener lo que podría convertirse en una nueva escalada de violencia.