Traigan platos que ñoquis sobran: la mesa de Garro en la mira de la Justicia

Una investigación judicial sacude al círculo íntimo del exintendente Julio Garro, con denuncias por fraude al Estado, contrataciones fantasmas y sueldos cobrados por personas fallecidas. El escándalo salpica a figuras clave de su gestión y promete derivaciones explosivas.

La política platense está en ebullición tras destaparse un nuevo capítulo judicial que pone contra las cuerdas a exfuncionarios de la administración de Julio Garro. La causa, que recuerda al escándalo de Julio "Chocolate" Rigau en la Legislatura bonaerense, apunta a un presunto sistema de corrupción montado desde el corazón del municipio, con empleados que cobraban sin trabajar, contratos truchos, y hasta sueldos pagados a personas fallecidas.

La Justicia ya tiene en la mira a trece exfuncionarios, con allanamientos en sus domicilios y cargos que van desde “incumplimiento de los deberes de funcionario público” hasta “fraude contra la administración” y “falsa denuncia”. Entre los implicados aparecen nombres que formaron parte del riñón político del exjefe comunal.

Negrelli, el operador omnipresente

El principal apuntado es Oscar Negrelli, exsecretario de Coordinación y cerebro político de la gestión Garro. Hoy con despacho en la Defensoría del Pueblo bonaerense y un sueldo de casi dos millones de pesos mensuales, Negrelli estaría protegido por su actual cargo. Sin embargo, la causa avanza sobre un supuesto esquema de contrataciones ficticias que habrían sido utilizadas para generar “retornos”, es decir, apropiarse de parte de los sueldos de los empleados truchos.

El sistema, según consta en la causa, incluía nombramientos de familiares y allegados sin tareas definidas. La municipalidad cerró el segundo mandato de Garro con más de 12 mil empleados, muchos de los cuales jamás pisaron su lugar de trabajo.

Negrelli no es un improvisado en estos manejos. Con una trayectoria política que se remonta al ARI en 2003, ha sido acusado en el pasado de extorsionar políticamente a otros dirigentes a cambio de favores económicos. Incluso en 2017 adquirió una mansión en Gonnet por más de medio millón de dólares en efectivo, en pleno cepo cambiario, lo que levantó todo tipo de sospechas.

El encargado de hacer la vista gorda

Otro actor central en esta trama es Mariano Baruki Pérez Aramburu, exdirector general de Personal y Capital Humano del municipio. Designado por el propio Negrelli tras la salida de Mónica Panzoni, tenía bajo su órbita el control del personal municipal.

La Justicia sospecha que bajo su gestión se registraron designaciones irregulares, pagos a exfuncionarios que ya no cumplían funciones y sueldos para empleados que nunca trabajaron. Su rol era clave: debía controlar los ingresos y egresos de personal, pero no habría cumplido esa función, lo que permitió el crecimiento desmedido y fantasma de la planta estatal.

Pulichino, otro viejo conocido

Néstor Omar Pulichino, exsecretario de Seguridad y Justicia de La Plata, también aparece en el expediente. Aunque su relación con Garro no era tan estrecha como la de Negrelli, compartieron años de militancia y cargos en la Legislatura bonaerense. Pulichino fue parte del Frente Renovador y, pese a sus vaivenes políticos, terminó en un cargo clave durante la gestión municipal.

Durante su paso por la secretaría de Seguridad, se habrían registrado designaciones llamativas, como la de su sobrina poco después de que él dejara el cargo. Pero lo más escandaloso: funcionarios que renunciaron y siguieron cobrando durante meses, como Facundo Pérez y Darío Musto. Este último, un exchofer devenido en funcionario, habría sido parte del entramado que permitió extender contratos de manera irregular.

El escándalo recién comienza y la Justicia ya tiene pruebas de un sistema aceitado de corrupción en el corazón de la gestión Garro. La investigación avanza y promete salpicar aún más nombres del entramado político platense. Mientras tanto, las preguntas se multiplican: ¿cuánto sabía el exintendente? ¿Cuántos más cobraban sin trabajar? ¿Y quién se quedó con el dinero del Estado?