La Justicia arrincona a Julio Garro: imputaciones por asociación ilícita, sobreprecios y loteos ilegales en La Plata

La bomba política estalló otra vez en La Plata: la Justicia volvió a la carga contra Julio Garro por la escandalosa causa de los barrios privados truchos aprobados durante sus dos mandatos como intendente. El expediente, que lo tiene en la mira junto a exfuncionarios y empresarios, suma capítulos cada vez más comprometedores y amenaza con convertirse en uno de los casos de corrupción municipal más graves de los últimos años.

El fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta activó una batería de medidas y notificó a desarrolladores inmobiliarios para que entreguen documentación clave: expedientes administrativos, planos, convenios con el municipio, facturas, pagos de “plusvalías” y hasta boletos de compraventa. La lupa está puesta en la trama que durante los años de Garro habría permitido habilitar barrios privados en zonas prohibidas, sin la convalidación provincial, y bajo un esquema que beneficiaba a un círculo reducido de funcionarios y empresarios.

Un circuito aceitado de negocios

Según la investigación, los desarrolladores no solo conseguían las autorizaciones sin cumplir con la normativa: además se los obligaba a contratar empresas de servicios vinculadas a funcionarios o entregar parte de las tierras, generando un circuito paralelo que esquivaba controles y dejaba ganancias millonarias para pocos.

Entre los señalados figuran pesos pesados de la gestión Garro: Marcelo Genoro (exdirector de Obras Viales), Nahuel Paradela (exsubsecretario de Servicios Públicos) y empresarios como Ariel Bordigoni, Cecilia Mayocchi, Leandro Arrechea y Facundo Dadin, vinculados a obras y desarrollos inmobiliarios bajo la lupa.

Uno de los casos más escandalosos fue el del barrio La Cañada, en City Bell, donde un convenio urbanístico por una rotonda pasó de 39 a 64 millones de pesos en semanas, sin explicación técnica alguna. Para la fiscalía, un sobreprecio grosero que revela cómo funcionaba el sistema.

Allanan su casa en Grand Bell

La ofensiva judicial no es simbólica: ya hubo allanamientos en la mansión de Garro en el country Grand Bell, en oficinas de constructoras y en domicilios de exfuncionarios. Se incautaron computadoras, contratos y expedientes que hoy están siendo peritados y cruzados con los registros notariales.

La Justicia avanza sobre imputaciones pesadísimas: asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y administración fraudulenta.

Impacto político y silencio en el garrrismo

Garro, que tras dejar la intendencia tuvo un fugaz paso por el gobierno de Javier Milei como subsecretario de Deportes, mantiene un silencio total. En su entorno hablan de una “persecución política” y recuerdan que los loteos fueron aprobados por ordenanzas. Su defensa está en manos de Fabián Améndola, socio del mediático Fernando Burlando.

Mientras tanto, la actual gestión de Julio Alak suspendió más de 400 proyectos de barrios cerrados, con irregularidades a la vista. El secretario de Planeamiento, Sergio Resa, ya declaró en la causa y confirmó lo que sospechaba la fiscalía: los expedientes no cierran por ningún lado.

Lo que viene

Con la nueva tanda de oficios enviados, el fiscal busca cerrar el rompecabezas: cruzar documentación de barrios, empresas y escribanos con lo que ya salió de los allanamientos. El próximo paso sería la indagatoria de exfuncionarios de primera línea y, según fuentes judiciales, no se descarta que el propio Garro quede más complicado de lo que ya está.

La causa avanza y el cerco se achica: la Justicia está convencida de que durante los años de Garro, La Plata se transformó en un paraíso de negocios inmobiliarios a costa de la legalidad, el municipio y los propios vecinos.