Condenaron a empresarios y aduaneros por un contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares

Un tribunal impuso penas de hasta siete años de prisión para los responsables de una millonaria maniobra de contrabando textil que utilizó documentación falsa para ingresar mercadería desde China entre 2015 y 2016. También ordenaron decomisos, inhabilitaciones y sanciones contra empresas involucradas.

Un tribunal de la Justicia en lo Penal Económico condenó este lunes a empresarios, operadores logísticos y agentes aduaneros por un esquema de contrabando de ropa valuado en más de 4,5 millones de dólares, que funcionó mediante documentación adulterada y maniobras para evadir controles durante importaciones realizadas entre agosto de 2015 y enero de 2016.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, integrado por los jueces Jorge Zabala, Karina Perilli y Fernando Machado Pelloni, tras un juicio oral en el que la acusación estuvo a cargo del fiscal general Gabriel Pérez Barberá y la querella fue representada por ARCA-Dirección General de Aduana.

Las penas comenzarán a ejecutarse una vez que la resolución quede firme luego de las instancias de apelación correspondientes.

Los principales condenados recibieron siete años de prisión

Entre los condenados figuran Jorge Fano, presidente de la empresa TT Cargo S.A., y Walter Moglianesi, señalados como los principales organizadores de la estructura. Ambos fueron sentenciados a siete años de prisión y además recibieron la pérdida de concesiones comerciales y beneficios vinculados a la actividad aduanera.

En el caso de TT Cargo S.A., el tribunal dispuso la cancelación de su personería jurídica y la prohibición de operar en el Registro Público de Comercio.

También fue condenado Miguel Ángel Elnen, titular de Cuiper S.A., quien recibió una pena de siete años de prisión. Además, la Justicia ordenó la disolución de la firma.

La acusación había señalado a Moglianesi como uno de los máximos responsables de la maniobra, por su participación en 31 hechos consumados y uno en grado de tentativa. La fiscalía había solicitado una pena mayor, de 8 años y 6 meses de prisión.

Cómo funcionaba la maniobra de contrabando

Según la investigación judicial, la organización importaba prendas de vestir desde China simulando que los contenedores transportaban carbonato de calcio, con el objetivo de evitar controles y pagar aranceles mucho menores.

Para concretar el ingreso ilegal de la mercadería, los acusados habrían utilizado declaraciones juradas falsas y documentación aduanera adulterada.

La pesquisa determinó la existencia de 31 operaciones concretadas y una tentativa, en la que fueron detectadas más de 80 mil prendas valuadas en unos 600 mil dólares, mientras que el arancel declarado era de apenas 3 mil dólares.

De acuerdo con la acusación, el esquema contó además con la presunta colaboración de integrantes del servicio aduanero, quienes habrían permitido liberar mercadería pese a inconsistencias detectadas en los documentos presentados.

También fueron condenados funcionarios de Aduana

La resolución judicial alcanzó a otros integrantes de la estructura. Eduardo Joaquín Urraco, apoderado de TT Cargo S.A., recibió seis años de prisión, mientras que José María Zaragoza fue condenado a siete años como coautor.

Sus hijas, María Gimena Zaragoza y María José Zaragoza, fueron sentenciadas a tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias.

Además, la exfuncionaria aduanera Alejandra Delgado recibió cuatro años de prisión y quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Otros empleados de Aduana y operadores logísticos recibieron penas de entre cinco y seis años.

Decomisos e inhabilitaciones tras la condena

El tribunal ordenó el decomiso de la mercadería secuestrada, el retiro de concesiones y la aplicación de distintas sanciones económicas y administrativas.

También dispuso inhabilitaciones absolutas y perpetuas para ejercer funciones públicas o en fuerzas de seguridad, además de prohibiciones para desarrollar actividades comerciales por períodos que van desde uno hasta catorce años, según la responsabilidad de cada condenado.

Con esta sentencia, la Justicia dio por acreditada la existencia de una estructura dedicada al ingreso irregular de productos textiles mediante un complejo sistema de falsificación documental y evasión de controles aduaneros.