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Caso Generación Zoe: se cayó la farsa de las redes y la defensa de Cositorto pide pena cumplida
29 de Mayo de 2026
La defensa de Leonardo Cositorto volvió a la carga en la causa Generación Zoe luego de que el Complejo Penitenciario de Corrientes resolviera el sobreseimiento del empresario en el sumario administrativo iniciado por el supuesto uso de un teléfono celular dentro de la cárcel.
La investigación interna se había abierto bajo sospechas de que el líder de Generación Zoe utilizaba el dispositivo para realizar transmisiones en redes sociales y operar billeteras virtuales desde prisión. Sin embargo, las pericias informáticas oficiales realizadas por la propia institución penitenciaria concluyeron que el interno no tenía aplicaciones de redes sociales ni manejaba billeteras virtuales.
Tras conocerse el resultado, la abogada defensora, Aixa Petriati, presentó una ampliación ante el Juzgado Federal N°12 de la Capital Federal, a cargo del juez Julián Ercolini, reclamando que la Justicia Federal asuma de forma exclusiva la causa vinculada al delito de intermediación financiera no autorizada, previsto en el artículo 310 del Código Penal.
Según sostuvo la letrada, la recalificación bajo órbita federal absorbería las acusaciones provinciales y Cositorto ya habría cumplido el máximo de la eventual condena por el tiempo que lleva detenido sin sentencia firme.
“El resultado del sumario demuestra que se montó una farsa sin sustento fáctico”, señalaron desde el entorno legal del empresario, denunciando además un supuesto régimen de persecución y “tortura blanca” dentro de la unidad penitenciaria correntina.
La defensa también insistió con el pedido de traslado urgente de Cositorto a una unidad del Servicio Penitenciario Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, argumentando que las actuales condiciones de detención implican aislamiento extremo, incomunicación y falta de acceso adecuado a la defensa técnica.
En el escrito presentado ante Ercolini, Petriati cuestionó además la demora en la definición de la competencia federal de las distintas causas abiertas en provincias como Córdoba, Corrientes y Salta, tema que actualmente también se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La defensa sostiene que el delito federal de intermediación financiera no autorizada es “exclusivo y excluyente”, por lo que reclama que la Justicia Federal unifique el expediente y disponga la libertad de Cositorto por “pena cumplida”.
