La motosierra no pasó por la casa de la diputada Sandra Rey: nombró a su hijo como director de la comisión que preside

La bandera de la meritocracia, la transparencia y el combate contra los privilegios de la política quedó envuelta en una fuerte controversia en la Legislatura porteña. La legisladora de La Libertad Avanza, Sandra Rey, aparece en el centro de un escándalo por la designación de su hijo, Rodrigo Nahuel Devita, como director de la Comisión de Cultura, el mismo organismo que ella preside.

La situación genera ruido no sólo por el evidente vínculo familiar, sino porque la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una legislación específica que regula los casos de nepotismo dentro de la administración pública.

Según la información oficial de la Legislatura, Sandra Rey asumió la presidencia de la Comisión de Cultura el 25 de marzo de 2026. En ese mismo espacio institucional figura como director Rodrigo Devita, hijo de la legisladora.

La revelación disparó una catarata de interrogantes que todavía no tienen respuestas públicas. ¿Quién impulsó la designación? ¿Se evaluaron antecedentes y capacidades profesionales? ¿Intervino la Oficina de Integridad Pública antes del nombramiento? ¿Existe una relación de dependencia directa entre madre e hijo dentro de la estructura legislativa?

La ley que pone el foco sobre el caso

A diferencia de otras jurisdicciones donde estas situaciones suelen quedar en el terreno de la discusión política, en la Ciudad existe una normativa concreta.

La Ley 6.357 establece que cuando un funcionario promueve la contratación o designación de un familiar debe acreditar previamente la idoneidad de esa persona ante la Oficina de Integridad Pública. Además, la intervención de ese organismo debe realizarse antes de concretar el nombramiento.

La norma también establece que los familiares designados no pueden desempeñarse bajo la supervisión directa de quien impulsó su incorporación, salvo excepciones expresamente contempladas.

Por eso, el debate excede la capacidad o experiencia que pueda tener Rodrigo Devita. Lo que se discute es si se respetaron todos los mecanismos de control previstos para evitar conflictos de intereses y garantizar transparencia.

Un golpe a uno de los principales discursos libertarios

El episodio resulta especialmente incómodo para La Libertad Avanza. El espacio político liderado por el presidente Javier Milei construyó gran parte de su identidad denunciando privilegios, acomodos, cargos para familiares y el uso discrecional del Estado.

Sin embargo, la imagen que surge en la Comisión de Cultura porteña parece chocar de frente con ese discurso: una legisladora libertaria al frente de una estructura legislativa y su propio hijo ocupando uno de los cargos jerárquicos más relevantes de esa misma comisión.

La contradicción política no pasó desapercibida y ya alimenta cuestionamientos tanto dentro como fuera del ámbito legislativo.

Una familia con antecedentes en el Estado

El caso suma otro elemento que incrementa la polémica. Omar Marcelo Devita, padre de Rodrigo y pareja de Sandra Rey, también registra antecedentes laborales en organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo la Defensoría del Pueblo porteña.

Si bien esos antecedentes no implican irregularidad alguna, refuerzan una imagen que genera incomodidad: una misma familia ocupando distintos espacios dentro de estructuras estatales mientras el discurso oficial promete terminar con los privilegios de la política tradicional.

Las preguntas que siguen sin respuesta

Hasta el momento, la cuestión central sigue abierta. ¿La Oficina de Integridad Pública intervino antes de la designación? ¿Existe un dictamen que avale el nombramiento? ¿Se acreditó formalmente la idoneidad del funcionario? ¿Quién firmó la designación?

Mientras esas respuestas no aparezcan, el caso amenaza con transformarse en una de las mayores contradicciones políticas para el bloque libertario en la Ciudad. Porque cuando el familiar de una dirigente termina ocupando un cargo dentro del organismo que ella misma conduce, la discusión deja de ser personal y pasa a convertirse en un problema de credibilidad institucional.

Y para un espacio que hizo de la lucha contra "la casta" su principal bandera, la foto resulta, cuanto menos, incómoda.