Libertad de expresión
La Justicia frena a Milei en su intento de censurar a Carlos Pagni
La Cámara Federal desestimó la querella del presidente contra el periodista, reafirmando que sus dichos no constituyen delito y marcando un límite a la avanzada oficial contra la prensa crítica.
17 de Julio de 2025
En un nuevo capítulo que pone en tela de juicio el nulo compromiso del Gobierno de Javier Milei con la libertad de prensa, la Cámara Federal ratificó la desestimación de la querella presentada por el presidente contra el periodista Carlos Pagni por supuestas calumnias e injurias.
El fallo, firmado por el juez Eduardo Farah, representa un duro golpe a los intentos del Ejecutivo por acallar voces críticas, exponiendo una preocupante tendencia a judicializar el disenso.
El magistrado argumentó que las declaraciones de Pagni, centradas en temas de interés público, no constituyen delito penal según los artículos 109 y 110 del Código Penal.
En su resolución, el magistrado subrayó que las opiniones del periodista no pueden ser penalizadas, reafirmando el derecho a la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia.
Este fallo no solo protege a Pagni, sino que establece un precedente clave en un contexto donde las críticas al gobierno son frecuentemente estigmatizadas.
El caso también pone en evidencia la sensibilidad del entorno presidencial ante cuestionamientos públicos.
La querella de Milei se originó en una supuesta analogía entre el presidente y Adolf Hitler, lo que generó reacciones desde distintos sectores que alertaron sobre la banalización del Holocausto.
Sin embargo, el juez Farah desestimó que las expresiones de Pagni cruzaran un límite penal, destacando la necesidad de tolerar críticas en el debate público.
Este episodio se suma a las crecientes tensiones entre el gobierno de Milei y los medios de comunicación.
Las acusaciones de “ensobrados” a periodistas, el cierre de medios públicos y la retórica agresiva contra la prensa sugieren un intento de controlar la narrativa pública, lo que contrasta con los principios de pluralismo que el oficialismo dice defender.
La decisión judicial, en este sentido, es un recordatorio de que la libertad de prensa debe prevalecer frente a los intentos de censura, incluso desde las más altas esferas del poder.
El fallo llega en un momento crítico para el gobierno, que enfrenta cuestionamientos por su manejo de la economía y las políticas sociales.
La insistencia en judicializar críticas, en lugar de responder con argumentos, refleja una fragilidad que podría alienar aún más a una sociedad que valora el derecho a informar y ser informado.
La Justicia, como en otros casos, le puso un freno a estas pretensiones, pero el Gobierno Nacional parece hacer oídos sordos y continuar por la senda contraria a la libertad de prensa.
