VIDEO | Juan Pazo, sus empresas y las redes de poder que plantean un conflicto de intereses

Documentos internos que reúnen registros societarios, vínculos familiares y cargos públicos sitúa al funcionario Juan Pazo (ex superintendente de Seguros y hoy en funciones en áreas de planeamiento productivo y bioeconomía del ARCA) en el centro de una trama donde se cruzan intereses privados y decisiones públicas.

El material, entregado a este medio, describe la conformación societaria de empresas vinculadas a Pazo, sus socios y familiares, y documenta posibles usos de información y de redes de influencia durante y después de su paso por la administración pública.

El documento consigna antecedentes profesionales de Pazo (abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, nacido el 28 de octubre de 1968) y detalla una estructura empresarial amplia que incluye sociedades en Argentina, Paraguay, Panamá y Estados Unidos. Entre los datos más relevantes:

• Invernea: la sociedad que se presenta como un “equipo de profesionales agropecuarios y financieros” habría pasado de SRL a SA el 28 de mayo de 2024. Según pudo saber Diario Gran Argentina, Juan Pazo controla el 90 por ciento de y Martín Voss el 10. El informe indica que bajo administración habría unos 35.550 millones de pesos, 40.877 cabezas y 16.885 toneladas de granos.
• Vínculos con ex funcionarios y familiares: se documenta la cercanía de Pazo con Mariano Federici (ex titular de la UIF) y con figuras vinculadas a la Superintendencia de Seguros; también describe conexiones familiares con Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, y la presencia de parientes (hijos y familiares) ocupando cargos en empresas vinculadas al ecosistema empresarial del que participa Pazo.
• Alquileres y autorrelationes: en 2020 Invernea habría rentado el establecimiento Caracú Quemado SRL, una sociedad que figura entre las propiedades vinculadas a Pazo, lo que se interpreta como un ejemplo de “autoalquiler” u operaciones entre empresas de un mismo entorno.
• Presencia en Florida (Estados Unidos): registros públicos de Florida muestran a “Franchise Cottons Inc” con domicilio en Miami, donde aparece Juan Pazo como presidente en un informe presentado el 23 de noviembre de 2020; el documento también registra a María Eugenia Oliver como vicepresidente. Estos registros confirman la existencia de estructuras corporativas de Pazo fuera del país.

Posibles problemas legales y éticos que hay sobre la mesa

El informe enumera una serie de delitos que, de comprobarse, podrían constituir materia de investigación: abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles; exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.

Los documentos a los que tuvo acceso Diario Gran Argentina plantean que la combinación de roles públicos y control societario directo sobre empresas vinculadas al sector que regula (seguros, agro y bioeconomía) abre la puerta a potenciales conflictos de interés.

Actores que aparecen en el entramado

Además de Pazo, el material menciona al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con vínculos profesionales cruzados con asesores y directores que figuran en el ecosistema de Invernea.

También se encuentran:

• Mariano Federici y Guillermo Plate (vínculos previos en la UIF y la Superintendencia de Seguros).
• Martín Voss, Ignacio Federici y miembros de la familia Iraeta, así como profesionales que ocupan cargos operativos en Invernea (incluyendo hijos de funcionarios), lo que refuerza la tesis de redes familiares y profesionales interconectadas.
• Bianca Orlandini y el Banco BICE: uno de los expedientes describe la relación profesional entre ella (directora de comunicación del BICE) y Pazo, y documenta trabajos previos y contratos que habrían cruzado al ámbito público y privado.

¿Qué queda por investigar?

El material aporta registros societarios, listados de cargos y cifras económicas que permiten trazar un panorama de relaciones y activos.

No obstante, hay una diferencia entre evidencia documental de vínculos societarios y la demostración judicial de delitos: para convertir las sospechas en imputaciones formales hacen falta peritajes contables, declaraciones juradas cruzadas, órdenes de pago, y comprobantes que demuestren el uso de información privilegiada o decisiones públicas adoptadas en beneficio directo de empresas particulares.

El documento constituye, sin embargo, una hoja de ruta para investigadores: identifica sociedades, fechas de constitución, porcentajes de participación y nombres de directores que deberán ser cotejados con registros oficiales, cuentas bancarias y las declaraciones patrimoniales presentadas por los funcionarios implicados.

Diario Gran Argentina intentó comunicarse con las personas y las sociedades mencionadas en los registros para ofrecer derecho a réplica. En cuanto recibamos las respuestas, las publicaremos íntegramente.

Mientras tanto, los documentos aportados (registros societarios y extractos de reportes) se encuentran a disposición de las autoridades competentes para su verificación.