La Justicia avanza sobre Francisco Adorni y cruza información con la causa que involucra a Manuel Adorni

La investigación judicial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Mientras continúa la pesquisa sobre la evolución patrimonial del funcionario nacional, la Justicia federal avanzó sobre su hermano, Francisco Adorni, actual presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), quien fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La causa es impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien en los últimos días solicitó a la Oficina Anticorrupción las versiones más recientes de las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Francisco Adorni. El objetivo es reconstruir la evolución de sus bienes desde su llegada a la administración pública y verificar posibles inconsistencias entre ingresos, patrimonio y obligaciones financieras.

La atención de los investigadores se centra en las sucesivas rectificaciones realizadas sobre sus declaraciones patrimoniales. Francisco Adorni desembarcó en el Estado tras la asunción de Javier Milei, primero como asesor y auditor interno en el Ministerio de Defensa y posteriormente como titular del IAF, organismo encargado de administrar el sistema previsional militar.

Su abogado, Marcelo Peña, aseguró que aún no recibieron una notificación formal sobre una eventual convocatoria judicial, aunque sostuvo que su defendido se presentará ante los tribunales "con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar y con la convicción de que las acusaciones se responden con pruebas, no con especulaciones ni operaciones políticas".

Patrimonio bajo análisis

Las declaraciones juradas muestran modificaciones significativas en pocos meses. En su presentación inicial, Francisco Adorni informó poseer el 50% de una vivienda de 162 metros cuadrados ubicada en City Bell, valuada en $38,79 millones, además del 50% de una camioneta Chery Tiggo modelo 2017 y efectivo por $1 millón. También declaró una deuda hipotecaria con el Banco Provincia por $29,3 millones.

Posteriormente, en la declaración correspondiente a 2024, la valuación de la propiedad aumentó a $52,6 millones y la deuda hipotecaria se elevó a $45 millones. En ese mismo período, el patrimonio declarado pasó de $44,7 millones a $64,5 millones.

La última rectificación presentada ante la Oficina Anticorrupción volvió a modificar los números. Allí informó un patrimonio bruto cercano a los $90 millones, una deuda hipotecaria de $57 millones y la incorporación de una herencia valuada en $21 millones que no figuraba en declaraciones anteriores. También declaró efectivo y depósitos bancarios por $24,5 millones.

Según trascendió, la reiteración de estas correcciones fue uno de los motivos que llevó al fiscal Marijuan a solicitar información complementaria a la Oficina Anticorrupción.

Diferencias con registros comerciales

La documentación comercial analizada en el expediente también exhibe diferencias respecto de la información declarada. Los registros muestran un endeudamiento superior a los $67 millones durante abril y mayo de 2026, compuesto principalmente por un crédito hipotecario UVA otorgado por el Banco Provincia.

En ese marco, la entidad financiera informó una deuda hipotecaria de $64,5 millones, cifra superior a los $57 millones consignados por Adorni en su última declaración jurada.

Los informes también revelan que el funcionario registró actividad laboral en distintos organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Defensa, la Cámara de Diputados bonaerense, el Consejo de la Magistratura y el propio IAF. Asimismo, figura con un elevado score crediticio, sin antecedentes de morosidad y con compromisos financieros mensuales superiores a los $500.000.

El vínculo con la causa de Manuel Adorni

La investigación sobre Francisco Adorni avanza en paralelo a la que tiene como principal investigado a su hermano Manuel Adorni. El jefe de Gabinete quedó bajo la lupa luego de rectificar sus declaraciones juradas y reconocer la existencia de ahorros no declarados por más de 500.000 dólares.

Si bien ambos expedientes tramitan por separado, fuentes judiciales indicaron que existe un seguimiento conjunto sobre la evolución patrimonial de los hermanos, especialmente después de las modificaciones realizadas en sus respectivas declaraciones.

En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó una nueva batería de medidas de prueba en la causa que involucra a Manuel Adorni. Entre ellas, solicitó información al juzgado que investiga a Francisco Adorni para determinar si existen elementos comunes entre ambos expedientes, particularmente aquellos vinculados a bienes familiares, dinero en efectivo, la sucesión de Jorge Adorni y otros aspectos relacionados con la evolución patrimonial del grupo familiar.

Nuevas medidas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete

La investigación sobre Manuel Adorni también se profundizó con pedidos de información sobre las actividades que él y su esposa, Bettina Angeletti, habrían desarrollado en la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores entre 2017 y 2023.

Además, la Justicia puso la lupa sobre una vivienda adquirida por el funcionario en el barrio cerrado Indio Cuá Golf Club. Para ello solicitó registros de ingreso de proveedores, contratistas y empresas de servicios entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, con el objetivo de reconstruir los gastos destinados a reformas, equipamiento y acondicionamiento del inmueble.

Otra línea de investigación apunta al barrio privado Fincas de Iraola 2, donde los investigadores buscan establecer las condiciones de residencia de Silvia Pais, madre del jefe de Gabinete, incluyendo posibles contratos de alquiler y pagos de expensas.

La fiscalía también profundiza el análisis de una compra de muebles y artículos para el hogar por más de $8,1 millones realizada en junio de 2025, mientras que una nueva línea de trabajo se concentra en activos virtuales y operaciones con criptomonedas.

En ese sentido, se requirió a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento de plataformas y operadores de criptomonedas que prestaron servicios en Argentina desde 2012. La medida busca verificar la explicación brindada por Manuel Adorni para justificar la incorporación de más de US$500.000 a sus declaraciones juradas, monto que atribuyó a ganancias obtenidas mediante inversiones en bitcoin.

Con estas nuevas medidas, la Justicia busca reconstruir de manera independiente el origen de los bienes, ingresos y gastos de ambos funcionarios, en una investigación que suma cada vez más elementos sobre la evolución patrimonial de los hermanos Adorni.