Jésica Rey y Kicillof, bajo la lupa: el Tribunal de Cuentas cuestionó el reparto millonario de la pauta oficial bonaerense

El manejo de la pauta oficial del gobierno de Axel Kicillof quedó bajo observación del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. En un reciente fallo sobre el ejercicio 2024, el organismo de control dejó asentada una fuerte concentración de recursos publicitarios en un reducido grupo de empresas y medios de comunicación, además de cuestionar la planificación presupuestaria del Ministerio de Comunicación Pública que conduce Jésica Rey.

Según informó el portal RealPolitik, surge del expediente, los diez principales beneficiarios de la publicidad y propaganda oficial concentraron el 65,07% del gasto analizado, equivalente a 16.205.992.274 pesos. La observación fue incorporada por el propio Tribunal en el marco del análisis de la rendición de cuentas de la cartera provincial.

Entre las empresas que más fondos recibieron aparecen Prador Diez SA, con más de 4.237 millones de pesos; Sentidos SA, con 3.118 millones; Alta Densidad SA, con 2.465 millones; THA Medios SA, con 1.783 millones; y Taller Producciones SA, con 1.218 millones de pesos. También figuran El Destape Radio SA, Televisión Federal SA (Telefe), La Corte SA, La Brújula Televisión SRL y Comercial Medios SA.

El fallo destaca además que gran parte de esos recursos fueron destinados a grupos mediáticos de alcance nacional. Entre ellos aparecen empresas vinculadas al Grupo Indalo, propietario de C5N y Radio 10; El Destape, encabezado por Roberto Navarro; Telefe; Infobae y otros actores relevantes del sistema de medios argentino.

Los medios que más pauta recibieron

El Tribunal también incorporó un detalle de los medios receptores de publicidad oficial. Allí, C5N encabeza el listado con 2.456 millones de pesos, seguido por Infobae con 1.783 millones y Crónica TV con más de 1.088 millones.

Más atrás aparecen El Destape Web, El Destape Radio, Telefe, La Corte, La Brújula Televisión, Crónica y Radio Pop. En conjunto, esos diez medios concentraron 10.020 millones de pesos, equivalentes al 40,23% del total analizado.

Para el organismo de control, la elevada concentración presupuestaria dificulta identificar con claridad los criterios utilizados para distribuir los recursos públicos destinados a publicidad oficial.

Un aumento del 10.002% sobre el presupuesto original

Otro de los puntos señalados por el Tribunal está relacionado con la ejecución presupuestaria. Según el fallo, el gasto devengado en publicidad oficial alcanzó los 20.204 millones de pesos durante 2024, pese a que el crédito original previsto era de apenas 202 millones.

La diferencia representa un incremento del 10.002%, situación que fue observada por el organismo al considerar que existió una deficiente estimación presupuestaria y una falta de planificación coordinada respecto del uso de la publicidad oficial.

En ese sentido, el Tribunal dejó asentado que la ejecución realizada por el Ministerio de Comunicación Pública evidencia falencias en la programación de los recursos asignados al área.

La responsabilidad política

La resolución identifica a Jésica Rey como responsable política del ministerio durante el período auditado. También menciona la intervención del tesorero general Gerardo Daniel René Jacoby y del contador general Carlos Guillermo Lunghi en el esquema administrativo analizado.

Además, el expediente hace referencia a la participación de empresas vinculadas al universo político del oficialismo provincial. Entre ellas figura Sentidos SA, una de las firmas más beneficiadas por el reparto de pauta y que, según distintas versiones del ámbito político, estaría relacionada con Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, ex titular de Télam y dirigente cercano a La Cámpora.

Observaciones sobre personal y controles internos

Las observaciones del Tribunal no se limitaron a la publicidad oficial. El fallo también detectó inconsistencias en procedimientos vinculados a recursos humanos, incluyendo incorporaciones de personal, liquidaciones salariales y pagos retroactivos.

Según se detalla, se registraron casos en los que agentes percibieron sumas retroactivas sin que estuviera suficientemente acreditada la efectiva prestación de servicios durante los períodos correspondientes.

Ante estas situaciones, el organismo recomendó fortalecer los mecanismos de control interno, los registros de asistencia y las certificaciones de servicios para garantizar una adecuada administración de los recursos públicos.

El informe del Tribunal de Cuentas deja así una serie de cuestionamientos sobre el manejo de la pauta oficial bonaerense durante 2024, con foco en la concentración de fondos, la falta de criterios claramente identificables para su distribución y una ejecución presupuestaria que superó ampliamente las previsiones originales.