La casta avanza: denunciaron a un diputado libertario que manejaba Uber y ahora compró una casa de 300 mil dólares

El ajuste impulsado por el gobierno del presidemente Javier Milei golpea de lleno a buena parte de los docentes, aunque algunos parecen haber quedado al margen del “plan motosierra”.

Uno de los casos que genera polémica es el del diputado libertario Santiago Santurio, quien en pocos años pasó de ser docente, inquilino y chofer de Uber a convertirse en propietario de una vivienda valuada en alrededor de 300 mil dólares en un barrio privado del oeste bonaerense.

Antes de asumir su banca en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2023, Santurio daba clases de Filosofía en la Universidad Austral y de Catequesis en el colegio Santo Tomás de Aquino, ligado a la UCA.

Además de sus tareas docentes, realizaba viajes en Uber para complementar ingresos y mantenía una activa militancia contra el matrimonio igualitario, el feminismo y el aborto.

El salto patrimonial quedó en evidencia luego de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante del espacio libertario. La legisladora lo acusó de presunto enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en su declaración jurada y posibles negociaciones incompatibles con la función pública.

La presentación judicial apunta especialmente al crédito hipotecario UVA de 239 mil dólares que el Banco Nación le habría otorgado en julio de 2025. Según la denuncia, Santurio no tendría ingresos ni patrimonio suficiente para justificar el anticipo cercano a 60 mil dólares requerido para acceder al préstamo.

De acuerdo con su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, el diputado informó un patrimonio cercano a 12 millones de pesos, compuesto por dinero en efectivo, cajas de ahorro y depósitos en dólares. Sin embargo, la cuota mensual del préstamo representaría el 48,2 por ciento de sus ingresos netos, casi el doble del límite permitido por la propia normativa del banco, fijado en el 25 por ciento.

La situación también despertó interrogantes por las condiciones del crédito. El préstamo fue otorgado a 30 años, pese a que el mandato legislativo de Santurio finaliza en menos de 3 años. Además, según la denuncia, su esposa no figura inscripta en ARCA, por lo que no podría respaldar formalmente la operación.

Pagano también pidió investigar una presunta omisión en las declaraciones juradas del diputado, al sostener que nunca informó su participación en el “Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros”, una estructura inmobiliaria activa desde 2013.

El caso quedó incorporado al expediente que investiga los denominados créditos VIP otorgados a funcionarios y dirigentes cercanos al oficialismo. La causa está actualmente bajo la órbita de la jueza María Eugenia Capuchetti.

En paralelo, registros del Banco Central muestran que Santurio mantenía hasta mediados de 2025 deudas cercanas a 7 millones de pesos y que, tras la obtención del crédito hipotecario, sus compromisos financieros escalaron por encima de los 303 millones de pesos.