Una mujer acusada de ejercer como psicóloga sin estar habilitada y la directora de un centro terapéutico de San Miguel de Tucumán accedieron a la suspensión del juicio a prueba. El acuerdo contempla una reparación económica total de $8 millones y tareas comunitarias durante 12 meses.
La investigación del fiscal Diego Hevia abarcó hechos ocurridos entre abril de 2022 y febrero de 2025 en el Centro Terapéutico Educatea, ubicado en Don Bosco al 3900. Según la acusación, Romina del Carmen Soldevilla atendió a dos niños con trastorno del espectro autista (TEA), participó en reuniones escolares y firmó informes sin contar con título universitario ni matrícula profesional.
La Fiscalía sostuvo que Marina Roxana Álvarez, propietaria y directora del establecimiento, conocía esa situación. Le atribuyó haber incorporado a Soldevilla al área de Psicología y facilitado el espacio físico, la agenda de pacientes y el respaldo institucional para que se presentara como profesional ante las familias.
Las prestaciones también habrían sido incorporadas a la facturación presentada ante obras sociales. El perjuicio económico fue estimado por la acusación en casi $3,5 millones. Soldevilla fue imputada por usurpación de títulos y honores, mientras que a Álvarez se le atribuyó participación en ese delito y estafa.
Las dos mujeres solicitaron una probation y acordaron aportar $4 millones cada una en concepto de reparación. Además, deberán realizar tareas comunitarias durante un año en instituciones escolares de la capital tucumana.
El proceso queda suspendido bajo las condiciones fijadas por la Justicia. El cierre de la causa sin condena dependerá del cumplimiento de esas obligaciones y de los restantes requisitos legales; ante un incumplimiento, el expediente podrá reanudarse.
