Impulsan la Ley Rocío para imponer penas de hasta 100 años a violadores y homicidas de menores

La autorización judicial que permitió a Mariano Hernán Cianis salir de la Unidad Penitenciaria número 1 de Olmos para rendir un examen final en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata volvió a colocar en agenda el debate sobre las penas aplicadas a quienes cometen delitos sexuales contra menores.

La medida generó rechazo entre familiares de víctimas, organizaciones sociales y agrupaciones estudiantiles, que cuestionaron la decisión judicial y reclamaron un endurecimiento de las sanciones. En ese contexto tomó fuerza la denominada "Ley Rocío", una iniciativa impulsada por la diputada bonaerense Viviana Aguirre, madre de una joven abusada por Cianis.

El proyecto propone elevar las condenas para abusadores, violadores y homicidas de menores hasta un máximo de 100 años de prisión efectiva. Además, plantea eliminar cualquier beneficio penitenciario que implique una reducción de la pena, crear un Registro Nacional de Condenados por Delitos Sexuales contra Menores y garantizar asistencia psicológica, médica, social y jurídica gratuita para las víctimas y sus familias.

La iniciativa también contempla que los delitos de abuso sexual infantil y homicidios agravados contra menores sean juzgados mediante juicios por jurados con carácter público y televisación estatal. Asimismo, incorpora campañas permanentes de prevención, detección temprana y promoción de denuncias relacionadas con este tipo de delitos.

El proyecto lleva el nombre de Rocío, la joven que denunció a Cianis por abusos sufridos desde los cinco años. La causa se inició en 2014 y derivó en la condena del acusado en 2019 a 15 años de prisión. Antes de ser detenido, permaneció prófugo durante dos años en Brasil. Actualmente cumple su condena en Olmos y tiene fecha de vencimiento de pena prevista para julio de 2031.

La reciente autorización para asistir a la UNLP provocó una inmediata reacción de familiares y allegados de la víctima. Durante la protesta realizada frente a la facultad también denunciaron que el condenado habría intentado contactar nuevamente a la joven desde prisión mediante un teléfono celular al que habría accedido dentro de la unidad penitenciaria.

Viviana Aguirre sostuvo que el caso expuso las falencias del sistema y defendió la necesidad de impulsar reformas profundas. Según afirmó, la movilización social fue determinante para visibilizar la situación y abrir una discusión sobre las penas aplicadas a delitos de extrema gravedad contra menores.

Sin embargo, la propuesta también abrió un fuerte debate jurídico. Especialistas advierten que la incorporación de condenas de hasta 100 años exigiría una reforma integral del Código Penal y podría enfrentar planteos de inconstitucionalidad. Argumentan que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino establecen principios vinculados a la reinserción social de las personas condenadas.

Otro de los aspectos cuestionados es la eliminación absoluta de beneficios penitenciarios, ya que el régimen vigente contempla un sistema progresivo sujeto a evaluaciones judiciales y penitenciarias. También aparecen objeciones respecto de la televisación obligatoria de todos los juicios, especialmente en causas donde intervienen menores de edad.

Aunque todavía no fue presentada formalmente en el Congreso, la Ley Rocío ya logró instalar una discusión que divide opiniones. Mientras familiares de víctimas y sectores políticos reclaman castigos mucho más severos para abusadores y homicidas de menores, especialistas advierten sobre los límites constitucionales que podrían condicionar su eventual aprobación.