El último ranking de efectividad fiscal de Argentina, elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), ubicó a Río Negro en el cuarto lugar nacional, descendiendo desde el segundo puesto que ocupaba en 2022.
La tasa de respuesta de calidad cayó del 13,34% al 12,09%. De cada 100 causas penales que ingresan al sistema, solo 12 reciben una respuesta de calidad, mientras las restantes permanecen sin ese tipo de resolución.
Chaco lideró el ranking con 16,66%, seguido por Jujuy, con 14,26%, y Neuquén, con 13,08%. Ninguna jurisdicción del país logró superar el 20%.
En este escenario aparece Fernando Arrigo, coordinador regional de General Roca dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Su designación es provisional y fue establecida mediante la resolución PGN 65/2024.
El Concurso N° 129 para cubrir cargos permanentes continúa sin resolverse y Arrigo se retiró del proceso. Su predecesor, Rafael Vehils Ruiz, también ocupó el cargo de manera interina. La Ley 27.148 establece mecanismos de selección mediante concurso abierto.
Existe, de todos modos, una diferencia institucional: el ranking del INECIP corresponde al Ministerio Público provincial de Río Negro y no constituye una medición directa de la gestión de Arrigo, que integra la estructura federal.
Entre 2022 y 2023, los casos ingresados a la fiscalía de Río Negro aumentaron de 36.929 a 40.842. Sin embargo, las resoluciones efectivas apenas variaron: pasaron de 4.925 a 4.939.
De esta manera quedaron abiertos 35.903 expedientes.
El funcionamiento del sistema penal también vuelve a quedar bajo discusión por el uso de la prisión preventiva.
Un informe de la Comisión Provincial por la Memoria, citado por The European Times, registró 20.995 órdenes de prisión preventiva en la provincia de Buenos Aires durante un año. El promedio de detención antes de una sentencia de primera instancia fue de 412 días.
Entre 2013 y 2025, además, el 85% de las condenas en territorio bonaerense se obtuvo mediante juicio abreviado.
Las condenas alcanzadas por esa vía aumentaron un 165%, mientras que las obtenidas mediante juicio oral cayeron un 27%.
Dentro de las causas vinculadas a actuaciones de Arrigo aparece el caso Franco Casco.
El joven fue detenido el 7 de octubre de 2014 en Rosario y su cuerpo apareció días después en el río Paraná. La fiscalía acusó a 19 policías y un civil de desaparición forzada seguida de muerte.
En julio de 2023, luego de un año y medio de juicio oral, todos los acusados fueron absueltos.
En junio de 2026, el comisario Diego José Álvarez, uno de los policías absueltos, presentó una denuncia penal contra Arrigo ante el Procurador General de la Nación.
Álvarez acusó al fiscal de haber ocultado pruebas favorables a los policías, construir la causa sobre un único testigo al que consideró contradictorio y desconocer cuatro autopsias realizadas durante la investigación.
Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades correspondientes y que, por sí solas, no determinan responsabilidad penal o disciplinaria.
Los imputados permanecieron seis años en prisión preventiva antes de ser absueltos.
Otro expediente controvertido es el de Konstantin Rudnev, maestro espiritual detenido en Bariloche y acusado de trata de personas.
La presunta víctima negó conocer al acusado y también negó haber sido víctima de trata.
Dos organizaciones con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas presentaron una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la que cuestionaron la actuación desarrollada en el expediente.
En ese documento afirmaron que la conducta atribuida a Arrigo "bordea una obsesión especial" hacia Rudnev.
Rudnev permanece bajo arresto domiciliario mientras se recupera de una cirugía.
En julio de 2026, cuando continuaba bajo monitoreo electrónico, fue internado de urgencia en el Hospital Naval luego de sufrir un deterioro durante el período postoperatorio.
El tercer caso mencionado es el de Facundo Jones Huala.
El 3 de febrero de 2025, el dirigente mapuche presentó su libro de poesía en la biblioteca Aimé Painé de Bariloche.
El 16 de septiembre de 2026 aceptó un acuerdo por el que recibió una condena de cinco años y dos meses de prisión.
Jones Huala había atravesado previamente una huelga de hambre de 60 días que llevó su estado de salud a una situación crítica.
Mientras estas causas quedaron atravesadas por absoluciones, denuncias, cuestionamientos y acuerdos, otros fiscales de la región registraron resultados concretos.
En General Roca, Matías Zanona y su equipo resolvieron 236 casos vinculados con drogas hasta abril de 2026, secuestraron más de 43 kilogramos de cannabis y destruyeron 874 plantas.
En Neuquén, el equipo integrado por Ángela Pagano Mata, Gabriel Mercado y Rodrigo Quintero cerró durante junio de 2026 una investigación por trata de personas.
En esa causa fueron identificadas ocho presuntas víctimas y se incautaron activos por más de 53 millones de pesos.
El Concurso N° 129 destinado a cubrir cargos permanentes dentro de la Justicia Federal de la región todavía no se encuentra finalizado.
Arrigo se retiró del proceso y continúa desempeñándose en la coordinación de forma provisional.
El sistema de justicia argentino deja más del 80% de las causas penales sin una respuesta considerada de calidad según los parámetros utilizados por el INECIP.
Río Negro, en tanto, cayó del segundo al cuarto puesto nacional.
Aunque esas estadísticas corresponden al Ministerio Público provincial y no pueden adjudicarse directamente a Arrigo, el escenario coincide con cuestionamientos alrededor de tres expedientes federales sensibles vinculados a su actuación.
La pregunta que queda abierta es cómo se controla el desempeño de quienes tienen a su cargo decisiones capaces de definir si una persona recibe una propuesta de acuerdo, permanece detenida o atraviesa durante años un proceso judicial sin una resolución definitiva.
